El despido del delegado sindical de UGT del Consell de Formentera vulneró derechos fundamentales

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca estima parcialmente el recurso presentado por el delegado sindical de UGT en Formentera, Jose Ramón Mateos Martín, contra el Consell de Formentera al considerar que se ha vulnerado el artículo 22.3 de la Constitución Española sobre los Derechos fundamentales

Consell Insular de Formentera

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca ha estimado parcialmente el recurso presentado por el delegado sindical de UGT en Formentera, Jose Ramón Mateos Martín, contra el Consell insular al considerar que se ha vulnerado el artículo 22.3 de la Constitución Española sobre los Derechos fundamentales y las libertades públicas. En concreto el Art. 22.3 de la CE hace referencia al derecho de los ciudadanos “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

El juzgado de lo contencioso en cambio, en la sentencia con fecha 02 de septiembre de 2019 no da la razón al demandante por lo que respecta a la vulneración del derecho “a sindicarse libremente” y en lo referente “a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Por lo que respecta a la vulneración de los derechos fundamentales, según una nota de prensa enviada por UGT-Formentera,  este sindicato estima que las actuaciones seguidas contra uno de sus delegados han sido “un auténtico cúmulo de despropósitos, alejado de los principios de buena fe y lealtad institucional.”

El despido del delegado sindical

Desde UGT-Formentera recuerdan que José Ramón Mateos, presidente del Comité de empresa del Consell Insular de Formentera, fue cesado en su relación laboral como Agente de Ocupación y Desarrollo Local (AODL) el 30 de Junio del 2018, despido que el Juzgado Social de Ibiza nº 1 ya declaró improcedente el 12 de julio de este año, habiéndose ya producido su readmisión.

Al ser cesado como AODL Jose Ramón Mateos, explican desde UGT-Formentera,  se reincorporó como funcionario interino en su categoría de origen, siendo cesado en fecha 01 de octubre de 2018, cese que es impugnado por el demandante por la vulneración de derechos fundamentales. Ahora, con fecha 02 de septiembre de 2019 el Juzgado contencioso resuelve que este acto incurre en vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española declarándolo nulo y sin efecto.

Según explica UGT en la nota de prensa, el Juzgado estima que el Consell Insular de Formentera ha cometido las siguientes irregularidades: ha permitido la inasistencia –por liberación sindical- durante el “período de prueba” sin hacer ninguna advertencia o reparo sobre la situación, no ha instruido un expediente ni ha dado trámite de audiencia al interesado y ha aplicado una posibilidad de dejar sin efecto el nombramiento sin justificación ni motivación.

Según UGT el motivo de estos intentos de deshacerse del delegado sindical “es que la actividad sindical de UGT molestaba los tejemanejes en materia de personal seguidos en el Consell de Formentera, una forma de proceder irregular que se puede calificar de chapucera y, en este caso, ilegal”.

En la nota de prensa UGT se pregunta quien debe asumir la responsabilidad por estas actuaciones llevadas a cabo por la administración insular y señala a la Sra. Vanesa Parellada, actual Consellera de Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías que fue, durante el mandato anterior, Consellera de Recursos Humanos.

Coste de las actuaciones

Desde UGT-Formentera consideran que estas actuaciones llevadas a cabo por parte de Consell, “además de que no han servido de nada, tienen un coste para las arcas públicas, que pagamos entre todos”.

El sindicato cita que el el 28 de septiembre de 2018 la entidad Consultores de Gestión Pública emitió un dictamen que le había solicitado el Consell Insular. “Dicho informe según la página de transparencia del Consell de Formentera tuvo un coste de 3.702,60€, con fecha de factura del 07.05.2019 y se da la circunstancia que anteriormente se había pagado un dictamen a la misma empresa por valor de 3.388,00€ en fecha 03.05.2019”, apuntan desde UGT.

“Además, esta consultoría había sido contratada al menos dos veces más, factura de fecha 09.05.2018 por importe de 4.000,00€ y factura de 22.05.2018 de 4.840,00€. En total como mínimo 15.930,60€”, añaden desde el sindicato.

Esta empresa, Consultores de Gestión Pública, según apuntan desde UGT, “es donde trabajó como colaborador el anterior Gerente de la institución, el Sr. Isidor Torres, tal y como se desprende de su Linkedin personal entre marzo de 2012 y marzo de 2014 justo antes de entrar a formar parte del Consell como cargo de confianza”.

Desde UGF-Formentera explican que por parte de la asistencia letrada del Consell se contrató una abogada externa, que también según la pagina web de transparencia del Consell de Formentera facturó 2.195,90€ en una factura y 3.299,22€ en otra, ambas a fecha 30 de mayo 2019 en total 5.495,12€. “Así que sólo en informes y asistencia letrada en contra del delegado sindical, el Consell de Formentera gastó, al menos con los datos que pueden verse en la página web, 12.585,72€”, señalan desde UGT Formentera.

El sindicato añade además que a estos costes deben sumarse los salarios de tramitación así como el salario del AODL que sustituyó al Delegado Sindical, cifrando el coste total para la administración en aproximadamente unos 70.000€. “Desde UGT-Formentera consideramos que este coste no debiera ser asumido por la institución sino por los responsables de éste despropósito e insistimos en la asunción de responsabilidades políticas por parte de los anteriores gestores de Personal del Consell de Formentera”, concluyen.

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