La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha presentado alegaciones ante el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para
solicitar que se retire del proyecto de Real Decreto sobre riesgos de inundación la
modificación del artículo 4 del Reglamento General de Costas.
La institución considera que el cambio es relevante porque modifica los criterios
utilizados para determinar hasta dónde llega el dominio público marítimo-terrestre,
es decir, la franja de costa sometida a protección pública. Por ello, entiende que
una reforma de este alcance debe contar con una explicación clara, suficiente
respaldo técnico y jurídico y una tramitación adecuada.
Entre los cambios cuestionados está la eliminación de la referencia vigente según
la cual, para fijar hasta dónde alcanzan las olas en los mayores temporales
conocidos, ese límite debe haberse alcanzado al menos cinco veces en un periodo
de cinco años, salvo casos excepcionales respaldados por la mejor evidencia
científica. La propuesta también modifica los criterios aplicables a las dunas que
pueden quedar incluidas en la delimitación.
Según las alegaciones, estos cambios podrían ampliar la delimitación del dominio
público marítimo-terrestre y afectar a terrenos que actualmente quedan fuera de
él, incluidos terrenos de propiedad privada. La Cámara considera por ello
necesario valorar con especial cuidado sus posibles efectos sobre las situaciones
ya existentes.
La Cámara recuerda asimismo que el Tribunal Supremo anuló en 2024 el Real
Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento de Costas. En el procedimiento
actual, la institución cuestiona que la modificación del artículo 4 se incorpore
dentro de una norma centrada en los riesgos de inundación y señala que no se
habría puesto a disposición del público la memoria y la documentación justificativa
de este cambio.
Además, la Cámara sostiene en sus alegaciones que una modificación con este
alcance sobre la delimitación del dominio público marítimo-terrestre requeriría, a
juicio de la Cámara, una reforma de la Ley de Costas. Si finalmente se aprobara,
considera también necesario establecer un régimen transitorio para las
situaciones jurídicas existentes. Por todo ello, solicita mantener la redacción
actual del artículo 4 y retirar esta modificación del proyecto sometido a información
pública.
