El vicepresidente del Govern de las Illes Balears, Antoni Costa, se ha comprometido a desarrollar en los próximos meses una fórmula que permita compartir con los consells insulares los datos sobre viviendas de alquiler turístico que acaba de obtener la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) y que permitirían a las instituciones insulares potenciar la lucha contra la oferta turística ilegal.
Antes de finales de año, la ATIB iniciará una campaña para controlar si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias están dados de alta en el censo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Estos datos están siendo analizados desde hace unas semanas después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los suministrase. Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia del 27 de abril de 2022 que, este tipo de empresas están obligadas a facilitar la información tributaria a Hacienda, para controlar los arrendamientos y la recaudación de los impuestos correspondientes del alquiler de los alojamientos turísticos.
El vicepresidente y el ejecutivo insular han destacado “la sintonía y la necesaria colaboración” entre las dos instituciones para conseguir los objetivos marcados, sobre todo «para aprovechar los recursos de los fondos europeos». «Necesitamos canalizar los fondos europeos hacia los proyectos de los consells y los ayuntamientos, y también a los que tengan las empresas. Es un reto que tenemos encima de la mesa y que, hasta ahora, no se ha conseguido suficientemente», ha explicado Costa, que ha subrayado los proyectos que tienen que ver con el ciclo de agua, “un elemento fundamental en materia de inversiones para este Govern”.
Asimismo, Costa se ha comprometido a acompañar a los consells insulares “codo con codo” en la exigencia al Gobierno central para que se renegocien los convenios de carreteras.
