El Consell de Formentera pide que se retire el proyecto de modificación del reglamento general de Costas

La presidenta del Consell ha destacado que el nuevo reglamento de Costas debe recoger "la peculiaridad de Formentera" y que "no se pueden dar pasos atrás en este sentido"

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El Consell presenta alegaciones al Reglamento de Costas
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La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, se ha reunido hoy con la presidenta de la Plataforma de Afectados por el deslinde, María José Mayans, y el vocal de la plataforma Vicent Tur, para presentarles las alegaciones que ha expuesto el Consell de Formentera ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al proyecto que modifica el reglamento de Costas y en las que pide su retirada. La presidenta Ana Juan, firmó el pasado día 7 de enero un decreto con estas alegaciones, en el que destaca que el nuevo reglamento de Costas sometido a exposición pública «es contrario a derecho, choca con la jurisprudencia en materia de deslindes y crea una inseguridad jurídica que solapa los derechos de los particulares».

La presidenta del Consell ha destacado que el nuevo reglamento de Costas debe recoger «la peculiaridad de Formentera» y que «no se pueden dar pasos atrás en este sentido». “En este tema, la sociedad de Formentera siempre ha trabajado unida, por encima de intereses partidistas, para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas; no puede ser que la nueva normativa provoque más inseguridad entre los particulares e invada nuestras competencias como administración local», y ha subrayado «el gran trabajo de los técnicos de la institución» en la elaboración de las alegaciones.

Limitación de derechos

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En el documento enviado por el Consell se incide en que las modificaciones que pretenden introducirse “conducen de nuevo a la arbitrariedad en la determinación del dominio público” e invaden las competencias propias en materia de Urbanismo y Actividades. Así, por ejemplo, regula las obras que se pueden realizar en la zona de servidumbre de protección y modifica los artículos para realizar obras de conservación en los inmuebles que hayan quedado en dominio público marítimo terrestre. «Hay que tener cuidado con esta previsión para que no conduzca a la demolición de las construcciones existentes en esta zona del litoral antes de tiempo, con un fuerte impacto paisajístico y medioambiental».

También supone una «limitación injustificada de derechos de los particulares en la medida en que por su laxitud deja en manos del criterio subjetivo de la Administración la revisión de la delimitación, y huye de nuevo de criterios técnicos aceptados jurisprudencialmente». Además, puede añadir «nuevos obstáculos en los derechos de los propietarios o titulares de derechos en el dominio público marítimo terrestre».

El documento del nuevo reglamento elimina el apartado que posibilita actualmente el uso de estacionamiento y circulación de vehículos en el dominio. «Esta prohibición puede crear importantes problemas medioambientales y de ordenación del acceso a las playas a los entes autonómicos y locales. Más aún, incluso generar problemas de carácter urbanístico y territorial», según las alegaciones presentadas por el Consell de Formentera.

Una de las modificaciones que se propone en este reglamento es la limitación del plazo de la concesión como máximo a 30 años renovables, hasta 75 años, tal y como establece la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas, en la que se prevé este plazo genérico de 75 años.

Además, el nuevo reglamento no incorpora una memoria de impacto económico, o instrumento equivalente, «una exigencia fundamental en la legislación estatal», necesaria para la cuantificación económica de la afectación de las medidas propuestas.

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