Después de casi cuatro años de legislatura sin aportar soluciones reales al problema de
la vivienda, Sa Unió se ha quitado la careta. El nuevo estudio de capacidad de carga elaborado por su gobierno en el Consell plantea pasar de las actuales 15.069 plazas adjudicadas a 18.836 plazas turísticas, más de 3.700 plazas adicionales en una isla donde cada vez es más difícil encontrar una vivienda.
Decir hoy que Formentera puede asumir este crecimiento turístico, con la crisis habitacional
que padecemos, es una barbaridad. Mientras los residentes tienen dificultades para encontrar un lugar en el que vivir, Sa Unió plantea ampliar la capacidad turística de la isla.
Formentera no se merece un gobierno así.
Durante esta legislatura, Sa Unió ha aplaudido y aplicado medidas del Govern del PP balear,
como las áreas de transición, el alquiler seguro o la conversión de locales en viviendas, sin
conseguir ningún resultado en nuestra isla. Tampoco ha ampliado el parque de vivienda pública y ha desmantelado el servicio de inspección creado en 2019, mientras el alquiler turístico ilegal vuelve a proliferar. Además, se han seguido concediendo plazas turísticas pese a la moratoria.
El problema de la vivienda es complejo y necesita la implicación de todas las administraciones, pero también un cambio del marco normativo que defienda la vivienda como un derecho y no como un negocio especulativo. Hay que poner límites a los fondos buitre, estudiar restricciones a las inversiones extranjeras, controlar las plazas turísticas y crear más vivienda pública. Con precios de compra que alcanzan los 10.300 euros por metro cuadrado y la subida de más del 50% de los precios de alquiler en la última década, la situación es inasumible para muchísimas familias.
El aumento de los establecimientos de lujo también ha incrementado la necesidad de trabajadores de temporada y agrava la competencia por unas viviendas que ya son escasas. Así, cada vez es más difícil que los residentes puedan encontrar un alquiler para todo el año.
Formentera ha sabido compatibilizar durante mucho tiempo el turismo y el derecho a vivir en la isla. Creemos que es todavía posible, pero sólo con límites claros y una inspección efectiva. De nada sirve aprobar normativa si después no se cumple.
En 2019, las fuerzas progresistas, junto con la ciudadanía en el marco del Consell
d’Entitats, impulsamos un techo de plazas turísticas, una zonificación que delimitaba donde
se podía alquilar turísticamente. Pero la realidad cambió rápidamente y las necesidades
de vivienda son cada vez más acuciantes. Por eso, aceptamos la moratoria turística
impulsada por el Gobierno progresista balear la pasada legislatura: había que revisar el modelo y tomar nuevas medidas, no abrir la puerta a mayor crecimiento sin tener en cuenta las necesidades de los residentes. Las decisiones de futuro de nuestra isla deben tomarse en consenso con la ciudadanía.
Mientras, miles de personas salen a la calle para defender el derecho a la vivienda, mientras la derecha ha votado en bloque contra decretos que podían haber sido un primer paso para afrontar esta crisis. No podemos seguir aplazando las soluciones.
Formentera no necesita más plazas turísticas: necesita vivienda accesible, control efectivo y un gobierno que ponga a las personas en el centro de sus decisiones. No podemos permitir que nuestros jóvenes, nuestras familias y los trabajadores que mantienen viva la isla se vean obligados a marcharse porque no pueden pagar una vivienda.
El futuro de Formentera no se puede medir sólo en plazas turísticas, sino en la capacidad de garantizar que la gente que ama esta isla pueda seguir viviendo en ella.
¿Esta es la propuesta de Sa Unió para el futuro de Formentera? Aumentar la capacidad
turística mientras cientos de residentes tienen dificultades para encontrar un lugar donde vivir? Decir, hoy, que nuestra isla puede asumir otras 3.700 plazas turísticas es una barbaridad y demuestra hasta a qué punto este gobierno se aleja de las necesidades reales de la ciudadanía.
El futuro de Formentera exige responsabilidad, límites y decisiones valientes. Exige, sobre todo, entender que la vivienda es un derecho y que protegerla debe ser una prioridad irrenunciable.
¡No podemos esperar más!
