Aprobado el decreto que unifica la normativa autonómica de evaluación de impacto ambiental

El texto se adapta a los nuevos marcos jurídicos dentro de este ámbito a escala europea, estatal y autonómica y los incorpora

Formentera

.gtEl Consell de Govern de Baleares ha aprobado, este viernes, el Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Islas Baleares. De este modo, la normativa autonómica en materia de evaluación ambiental queda recogida en un único texto y facilita así el conocimiento y la comprensión.

El texto se adapta, además, a los nuevos marcos jurídicos relativos a la evaluación de impacto ambiental y a la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, que traslada la perspectiva climática a los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos.

Las finalidades de esta ley son:

– Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales.

– Adaptar la legislación autonómica ambiental de las Islas Baleares a la legislación comunitaria y estatal.

– Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración efectiva y la coordinación entre todas las administraciones públicas competentes, y aplicar el principio de proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y los tipos de procedimiento de evaluación a los que deben someterse.

– Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, democratizando sus procedimientos administrativos regulados y garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información y participación pública previstos.

– Promover la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos para facilitar la participación y el acceso a la información.

–  Promover la responsabilidad social mediante el conocimiento de los efectos sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los planes, los programas y los proyectos que regula esta ley.

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