Silvia Tur exige mejoras en la política de vivienda del Govern balear

La diputada autonómica califica de "precaria" la situación de la oficina del Ibavi en Formentera

La diputada per Formentera, Silvia Tur, a Sant Francesc

La diputada autonómica por Formentera (GxF-Psoe), Silvia Tur, compareció ayer ante los medios para mostrar su decepción sobre las políticas de vivienda que lleva adelante la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern balear, competente en dicho ámbito, así como la gestión de la oficina del IBAVI en la isla.

Tur manifestó que los servicios que presta actualmente la Oficina del Instituto Balear de la Vivienda son «meramente testimoniales» ya que, según apuntó, al inicio de la presente legislatura «el horario de apertura ofrecía atención presencial y personalizada de lunes a viernes, y este horario se ha ido recortando hasta el punto de que actualmente sólo abre dos horas un día a la semana».

Sobre este asunto, Silvia Tur calificó la política del Govern balear como «de recortes» en la cobertura de esta oficina en las que se informa y tramitan ayudas económicas para el alquiler de vivienda social, entre otras funciones.

Asimismo recordó que el Govern incorporó para el presente ejercicio 2018 una enmienda por un total de 30.000 euros destinados a ampliar la cobertura, además de otros 35.000 euros para que este organismo lleve a cabo la segunda fase de estudio y diagnóstico sobre las necesidades residenciales de la isla.

Dadas estas circunstancias, Silvia Tur ha solicitado la comparecencia en el Parlament de la directora gerente del IBAVI, María Antonia Garcias, «para que dé cuenta de los planes del Govern para dar cumplimiento de los acuerdos comprometidos con Formentera», apuntó la diputada Tur.

Ley de Vivienda

La diputada por Formentera explicó además que con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de las Islas Baleares, aprobada la pasada semana, la  oficina del Ibavi pasará a asumir «un número considerable de nuevas funciones.»

Entre las mismas figuran el asesoramiento jurídico y técnico a las personas físicas en el proceso de vivienda, en  situaciones de riesgo de pérdida o dificultades de pago del mismo, y en general en todos los procedimientos de alquiler y compra de inmuebles para uso residencial a lo que se añaden las funciones de asesoramiento en materia de lucha contra la pobreza energética.

 

 

 

 

 

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