Actualmente, las Islas Baleares tutelan 795 menores migrantes no acompañados, una cifra que prácticamente duplica la capacidad ordinaria establecida por el propio Gobierno de España y que evidencia la situación de saturación que soporta el sistema de protección de las Islas.
Ante esta situación, el Govern confirma que se dirigirá nuevamente a los tribunales para defender los intereses de Baleares y reitera que el sistema de protección del archipiélago no puede asumir nuevas imposiciones mientras sus recursos siguen completamente tensionados.
Servicios desbordados
La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha lamentado que el Gobierno de España «vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que se encuentran en la primera línea de la presión migratoria». «Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos todos los días», ha afirmado.
Asimismo, el Ejecutivo recuerda que, durante su visita oficial a Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció que «no tenía sentido» seguir derivando a menores procedentes de otras comunidades autónomas a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado.
El Govern reitera que seguirá defendiendo que el reparto de menores migrantes debe tener en cuenta la capacidad real de los sistemas de protección y la presión migratoria que soporta cada territorio, manteniendo su rechazo a cualquier decisión que suponga incrementar las obligaciones de acogida de una comunidad autónoma que ya supera ampliamente la capacidad fijada por el propio Estado.
