El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado el recurso especial interpuesto contra la adjudicación del contrato de suministro, instalación, mantenimiento, desinstalación, limpieza y almacenamiento del balizamiento de las playas del término municipal de Formentera.
La resolución confirma la actuación del Consell Insular de Formentera en el procedimiento de contratación y levanta la suspensión que afectaba al expediente, lo que permite reanudar la tramitación del contrato adjudicado a la empresa Servicios Marítimos y Subacuáticos del Delta, S.L.U.
La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha valorado positivamente esta resolución, que avala los criterios aplicados por la Mesa de Contratación y permite avanzar en un «servicio esencial para garantizar la seguridad de las zonas de baño y la correcta ordenación del litoral durante la temporada».
Según la resolución, el Tribunal considera que la Mesa de Contratación aplicó correctamente los pliegos y que no hubo indefensión ni falta de motivación en la valoración de las ofertas. Asimismo, el Tribunal rechaza que fuera procedente permitir una enmienda posterior de la oferta recurrente, ya que esto pudo vulnerar los principios de igualdad y no discriminación entre licitadores.
El TACRC concluye que el criterio objeto de controversia estaba configurado de forma clara e inequívoca, que la documentación presentada por la empresa recurrente no incorporaba la totalidad de la información mínima exigida para obtener la puntuación prevista y que, por tanto, la valoración efectuada por el Consell Insular de Formentera era ajustada a derecho.
El Tribunal también rechaza los argumentos de la recurrente relativos a una supuesta indefensión, señalando expresamente que la empresa «conoció en todo momento los motivos de la puntuación obtenida y pudo formular las alegaciones que consideró oportunas en defensa de sus intereses».
Asimismo, concluye que no hubo una interpretación “rigorista ni desproporcionada” de los pliegos, sino una correcta aplicación de los criterios objetivos de valoración previstos en la licitación.
Agilizar trámites
Desde el Consell Insular de Formentera se destaca que, una vez levantada la suspensión, se trabajará para agilizar al máximo los trámites necesarios para que el servicio del balizamiento pueda estar operativo lo antes posible, con todas las garantías administrativas, técnicas y de seguridad.
El Consell reitera que el balizamiento de las playas es una actuación prioritaria para proteger a los bañistas, ordenar los usos del litoral y preservar los valores ambientales de las zonas costeras de Formentera.
La resolución del Tribunal es contundente y confirma que la Mesa de Contratación aplicó correctamente los criterios establecidos en los pliegos. En este sentido, el TACRC concluye que el criterio objeto de controversia estaba configurado de forma clara e inequívoca, que la documentación presentada por la empresa recurrente no incorporaba la totalidad de la información mínima exigida para obtener la puntuación prevista y que, por tanto, la valoración efectuada por el Consell Insular de Formentera era ajustada a derecho.
Durante la tramitación del recurso, el Consell Insular de Formentera solicitó al Tribunal el levantamiento de la suspensión del procedimiento dada la trascendencia que el contrato del balizamiento tiene para la seguridad de los usuarios de las zonas de baño y para la correcta ordenación de los usos del litoral durante la temporada turística.
El Consell defendió que el interés público asociado a este servicio esencial hacía necesario agilizar al máximo la resolución del procedimiento.
La resolución desestima íntegramente el recurso presentado, levanta la suspensión del procedimiento de contratación y permite reanudar inmediatamente las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato.
Sin embargo, la resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma todavía se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses.
Castelló valora positivamente una resolución que refuerza la seguridad jurídica del expediente y avala el trabajo realizado por los servicios técnicos y administrativos de la institución, así como el rigor con el que se ha tramitado un contrato especialmente relevante para la seguridad de las playas de la isla.
