Prohens ha explicado que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, pymes y autónomos ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.
La presidenta balear ha agradecido la colaboración y la lealtad institucional de los cuatro presidentes de los Consells insulars -el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas—, con los que se ha analizado el paquete de medidas, dividido en cinco bloques de actuación.
Cinco bloques
En primer lugar, se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas a familias. Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas de comedor hasta los 11 millones de euros; ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación; la ampliación de las ayudas para libros y material escolar; el refuerzo del fondo escolar de emergencia social; el aumento del bono social térmico en un 30% del importe, y la revalorización extraordinaria del 15% de la pensión no contributiva, la renta social garantizada y la renta de emancipación.
El segundo bloque contempla una inversión de 3 millones de euros para reforzar los servicios sociales municipales, con nuevos fondos destinados a los servicios comunitarios y a la atención de familias con menores en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Govern destinará 2,35 millones de euros al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas de atención a personas con discapacidad, dependencia, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o menores en situación de vulnerabilidad, además de ampliar los fondos destinados al programa de garantía alimentaria.
El cuarto bloque contempla 1,51 millones de euros para garantizar recursos residenciales y de vivienda dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, personas mayores en riesgo de exclusión social o personas con problemas de salud mental.
Finalmente, el quinto bloque incluye 2,6 millones de euros destinados a medidas para agilizar la tramitación de ayudas y prestaciones sociales, mediante el refuerzo de personal administrativo y el impulso de la ventanilla social única como instrumento para acercar los servicios sociales a los ciudadanos y potenciar la agilidad administrativa y las sinergias entre los servicios sociales comunitarios y los especializados, evitando los desplazamientos a los desplazamientos entre los servicios sociales comunitarios y los especializados.
«Son medidas concretas y cuantificadas para proteger a las familias, los colectivos más vulnerables, los ayuntamientos y el tercer sector», ha destacado la presidenta.
Transporte público y vivienda
Durante la reunión, los presidentes de los Consells insulars también han abordado la situación de la vivienda en las diferentes islas y las previsiones de la temporada turística.
La presidenta también ha defendido la necesidad de modificar el Reglamento estatal de costas y ha reiterado que el Govern prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas para proteger infraestructuras y edificaciones tradicionales del litoral balear en el ámbito competencial autonómico.
Crisis migratoria
Asimismo, durante la Conferencia de Presidentes también se ha abordado la crisis migratoria que afecta a las Islas Baleares, una situación que, según ha señalado la presidenta, «se agrava ante la inacción absoluta del Gobierno de España».
Prohens ha explicado que este año han llegado a las costas baleares un 33 por ciento más de personas en patera que en el mismo período del año pasado, lo que supone más de 300 migrantes más y cerca ya de los 1.500 migrantes irregulares. La presidenta también ha alertado de la presión que esta situación genera sobre los ayuntamientos y los consells insulars, especialmente ante la llegada constante de menores extranjeros no acompañados, que actualmente superan los 700 en Baleares.
En este sentido, Prohens ha valorado que la ministra de Infancia haya reconocido recientemente que «no tiene sentido» derivar a menores de otras comunidades autónomas a las Islas Baleares dada la situación de sobreocupación de los centros de protección de menores, un reconocimiento que ha atribuido al trabajo conjunto del Govern y de los cuatro consells insulars.
Reclamaciones de Formentera
El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha defendido este jueves, durante la IV Conferencia de Presidentes celebrada en el faro de la Mola, la necesidad de que las islas dispongan de más herramientas y capacidad de respuesta ante los grandes retos sociales, territoriales y económicos que afectan especialmente a los territorios más frágiles como Formentera.
Durante su intervención, Portas ha agradecido al Govern balear que la Conferencia de Presidentes se haya celebrado en Formentera y ha recordado que «las Islas Baleares son diversas y que cada isla tiene una realidad propia». En este sentido, ha remarcado que Formentera «es un territorio especialmente frágil, donde los desequilibrios se notan antes y con mayor intensidad».
El presidente ha valorado positivamente el anuncio realizado por la presidenta del Govern sobre la movilización de un paquete social de 15 millones de euros para paliar los efectos económicos y sociales derivados del contexto internacional y del aumento de los costes, medidas que el Gobierno aprobará este viernes y que incluyen ayudas directas a familias, refuerzo de los servicios sociales, apoyo al tercer sector y nuevas líneas de atención a colectivo.
En este contexto, Portas ha anunciado que el Consell Insular de Formentera pondrá sus remanentes «al servicio de todas aquellas medidas que ayuden a proteger a las familias, los trabajadores y las empresas; que ayuden a activar la economía, mejorar servicios y generar oportunidades en la isla».
Vivienda y defensa del residente
Una parte importante de la intervención del presidente Portas se ha centrado en la problemática de la vivienda y en la necesidad de proteger el derecho de los residentes a seguir viviendo en Formentera.
En este sentido, ha destacado el incremento de las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal y la apertura de nuevos expedientes sancionadores, remarcando que «cada vivienda que se dedica al alquiler turístico ilegal es una familia que lo tiene más difícil para quedarse».
Portas también ha reivindicado la constitución de la primera Mesa de Diálogo Social de Formentera como herramienta para afrontar los grandes retos de la isla desde el consenso, el debate y la participación de los agentes sociales, sindicales y empresariales.
Presión migratoria y necesidad de corresponsabilidad
Durante la Conferencia, el presidente Portas también ha expuesto la situación que vive Formentera ante la llegada sostenida de menores migrantes no acompañados y ha defendido que Formentera seguirá actuando «con responsabilidad, humanidad y respeto a los derechos de los niños», pero ha advertido que una isla de poco más de 12.000 habitantes «no puede asumir sola una presión que ya es estructural».
En este sentido, ha reclamado «financiación estable, coordinación real y corresponsabilidad entre administraciones», advirtiendo que Formentera «no puede continuar gestionando problemas estructurales con herramientas pensadas para situaciones excepcionales».
Litoral y competencias
El presidente del Consell de Formentera también ha defendido la necesidad de revisar el modelo actual de gestión del litoral para dar mayor capacidad de actuación a las instituciones insulares.
Portas ha alertado del deterioro detectado en diferentes puntos del litoral de la isla, por la falta de mantenimiento del Estado, con sistemas dunares afectados, falta de mantenimiento y episodios de riesgo en zonas como Migjorn, Cala Saona o Cala en Baster.
En este contexto, ha valorado positivamente las declaraciones hechas por el conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, reclamando una mayor agilidad administrativa y una mayor capacidad de gestión por parte de los territorios insulares.
