En la misiva, el Ejecutivo autonómico pone de manifiesto que la insularidad supone un factor diferencial que agrava el impacto del encarecimiento de los hidrocarburos, dada la elevada dependencia del transporte aéreo y marítimo para las importaciones y exportaciones. En este sentido, se reclama una respuesta adaptada a la realidad de las Islas Baleares que permita proteger el tejido productivo y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Esta reclamación se produce después del acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y el Gobierno de las Islas Canarias para compensar los efectos económicos derivados de la crisis internacional. El Gobierno de las Islas Baleares entiende y respeta la condición de región ultraperiférica de Canarias y sus rasgos diferenciales, pero considera igualmente necesario que se tengan en cuenta las especificidades propias de la realidad balear.
El Govern recuerda que ya ha aprobado el Decreto ley 1/2026, con un primer paquete de medidas extraordinarias y urgentes que moviliza a 160 millones de euros. Este plan incluye líneas de crédito para pymes y autónomos, ayudas directas a los sectores más afectados -como el transporte, la industria, el comercio y el sector primario-, así como medidas fiscales para aliviar el impacto de la crisis.
Según señalan desde el Govern, estas actuaciones se han diseñado a partir del diálogo con los agentes económicos y sociales, los consejos insulares, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, y tienen como objetivo complementar las medidas adoptadas por el Gobierno de España. Pese a valorar positivamente iniciativas como las rebajas fiscales estatales, el Govern considera que resultan insuficientes ante la intensidad del impacto sobre las islas.
En este sentido, se propone abrir un espacio de trabajo conjunto entre ambas administraciones para analizar mecanismos de compensación específicos que tengan en cuenta la insularidad de las Islas Baleares.
Por último, el Govern aprovecha la comunicación para recordar otras cuestiones pendientes de la agenda balear, como la renovación del Régimen Especial, los convenios ferroviario y de carreteras, la aprobación del Plan Estatal de Vivienda que incluya las propuestas del Gobierno de las Illes Balears, la gestión de la crisis migratoria o el refuerzo de los efectivos de seguridad.
