El Govern de las Islas Baleares ha solicitado formalmente, a través de un escrito en el que la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha transmitido al Ministerio de Infancia y Juventud poder acogerse a la figura de contingencia migratorias con el objetivo de paralizar el traslado.
Esta petición se enmarca en un contexto de presión sin precedentes: sólo en los primeros ocho meses del año han llegado a las costas baleares 4.895 personas migradas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados que han pasado a ser tutelados por los Consells insulars. Según datos oficiales, en las Islas Baleares ya se tutelan 694 menores migrados no acompañados, cuando el Real Decreto 743/2025 establece una capacidad ordinaria de 406 plazas. Esto implica que 2 de cada 3 menores bajo tutela en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobre empleo superior al 1.000%.
En este sentido, Antònia Estarellas, ha advertido que «la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección».
Acciones legales
Paralelamente, el Govern sigue desplegando acciones legales para defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular. Hoy mismo, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y ya se trabaja en otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto. Estas impugnaciones se suman al recurso interpuesto en marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, actualmente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El Govern balear insiste en que seguirá utilizando todas las vías políticas y jurídicas disponibles para garantizar el respeto al principio del interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección en el archipiélago.
