El Consell de Govern autorizó ayer a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia.
El Real decreto 658/2025 tiene por objeto desarrollar y concretar las actuaciones que deben llevar a cabo la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía en caso de situación de contingencia migratoria extraordinaria, de acuerdo con lo que prevé el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo.
La CAIB ha recurrido este Real Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional en base a varios puntos clave: la falta de presupuesto habilitante para adoptar medidas de urgencia, la vulneración de la reserva de ley orgánica y la invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, especialmente en materia de tutela y protección de los menores de edad.
La Comunidad Autónoma considera que la regulación establecida en el Real Decreto 658/2025 vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas, y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores. Esta regulación afectaría gravemente a la autonomía financiera de la CAIB, dado que pondría en peligro el sistema de protección de los menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a tal fin.
A través de este nuevo recurso que se autoriza ahora, el Govern quiere defender los derechos y las competencias de las Illes Balears en materia de protección de menores y cuestionar la regulación que impone el Real Decreto, que establece un sistema de reparto forzoso de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta medida se aplica sin tener en cuenta las especificidades y capacidades propias de cada territorio, pudiendo comportar un reparto opaco e incluso discriminatorio, tal y como alertan los expertos jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Esta decisión se adopta después de un análisis detallado de los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores de edad en las Illes Balears, especialmente en lo que se refiere a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Asimismo se ha considerado que el Real Decreto 658/2025 contraviene los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma, con un impacto negativo en la gestión y protección de este colectivo vulnerable.
Por último, el Govern de las Illes Balears reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados y la preservación de las competencias autonómicas en el ámbito de la protección de la infancia.
