La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament de les Illes Balears aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para reforzar la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con mayor coordinación y recursos judiciales y forenses suficientes.
El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba Marí, apoyó la iniciativa y destacó el consenso alcanzado.
El modelo Barnahus coordina la atención social, sanitaria, psicológica, policial y judicial en un entorno adaptado. Córdoba recordó que el artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la prueba preconstituida para testigos menores de catorce años en determinados delitos, con garantías judiciales, para evitar que tengan que repetir declaraciones traumáticas. «No basta con que un derecho esté reconocido por la ley. Debemos garantizar que pueda ejercerse de forma efectiva, independientemente de la isla en la que resida el menor», señaló.
La doble y triple insularidad, cada vez más presente
El punto 5 de la PNL reconoce expresamente las dificultades de acceso a servicios especializados derivadas de la doble insularidad de Menorca e Ibiza y de la triple insularidad de Formentera. Córdoba, que ha defendido esta realidad durante toda la legislatura, considera significativo que el criterio se incorpore también a propuestas de otros grupos y de distintos ámbitos, como la sanidad y ahora la protección de la infancia.
«Reconocer la doble y triple insularidad es importante. Pero aún lo es más que ese
reconocimiento se traduzca progresivamente en servicios y medidas adaptados a la
realidad de cada isla», manifestó.
El diputado recordó que el Govern balear anunció el 2 de abril el objetivo de avanzar
hacia la creación de al menos un recurso Barnahus en cada isla, un planteamiento todavía
pendiente de concretarse. Asimismo defendió el despliegue progresivo del modelo con fórmulas de atención de proximidad y, cuando sea posible, el desplazamiento de los profesionales, para reducir los viajes innecesarios de los menores y sus familias.
«Deben ser las instituciones las que se adapten a las necesidades de los menores, y no los
menores quienes tengan que soportar las dificultades de coordinación de las
instituciones», concluyó el diputado.
