El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba presentará al próximo pleno del Consell Insular de Formentera correspondiente al mes de agosto una proposición para censurar la gestión política desarrollada por el Govern y por el equipo de gobierno de Sa Unió en la tramitación de las autorizaciones de las instalaciones de temporada de las playas de Formentera.
Córdoba considera que la nueva resolución anunciada por el Govern no puede presentarse como “un simple éxito de gestión de Sa Unió, porque llega después de meses de improvisación, contradicciones y inseguridad jurídica, con una parte de los servicios de playa sin instalar en plena temporada, cese de la directora general de Costas y el cuestionamiento público de esta decisión por parte de veintiún empleados del mismo departamento”.
Para el conseller, esta sucesión de hechos “deja una conclusión política que no puede ocultarse detrás de comunicados triunfalistas. La directora general que defendía los informes técnicos se convirtió en un obstáculo para aquellos que exigían un cambio de resolución y, por tanto, se convirtió en una responsable políticamente incómoda. Las presiones públicas aumentaron, la directora fue cesada y, sólo once días después, el nuevo responsable culminó una resolución distinta. Ésta es la secuencia objetiva de los hechos y el Govern tiene la obligación de explicarla», ha afirmado.
La proposición presentada por Córdoba pide que el Govern remita todos los informes técnicos, jurídicos y ambientales que fundamentan la primera resolución y la definitiva, así como el informe que debería incoar el procedimiento de caducidad de la concesión.
También reclama que el equipo de gobierno facilite una relación cronológica de las reuniones, conversaciones y comunicaciones mantenidas con la Conselleria y la Dirección General, con identificación de los participantes, los asuntos tratados y la documentación aportada.
Por último, la iniciativa exige una comparación detallada, playa por playa e instalación por instalación, entre la propuesta inicial del Consell Insular, la primera resolución y la resolución definitiva.
«El problema no es que una Administración rectifique. Si aparecen nuevos informes o se corrigen las propuestas, rectificar es legítimo. El problema es cesar primero a la persona que defendía el criterio técnico, cambiar después la resolución con una rapidez extraordinaria y no publicar los documentos que permitirían comprobar qué ha cambiado realmente”, apunta el conseller.
