Los representantes de las ex concesiones de playa Lucky, Kiosko 62, Kiosco Cala Saona y Pirata Bus que han ejercido la acción pública en materia de costas respecto de la concesión CNC02/21/07/0045, otorgada al Consell Insular de Formentera para la instalación y explotación de ocho quioscos, terrazas y baños en dominio público marítimo-terrestre, han anunciado mediante una nota remitida a los medios que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Govern no adopta una actuación efectiva antes de la primera semana de septiembre.
Según han detallado, “la situación ha superado ya el ámbito de una simple denuncia ciudadana pendiente de comprobación. Los propios servicios de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han analizado los hechos, han identificado incumplimientos de condiciones esenciales del título concesional y han concluido que procede iniciar el procedimiento de caducidad”.
Asimismo han destacado que los denunciantes continúan sin recibir una resolución que acredite la incoación formal del procedimiento y sin respuesta a las medidas provisionales solicitadas.
Incumplimientos
En la nota han señalado que el informe de la jefa del Servicio de Concesiones enumera, por orden de relevancia, los siguientes incumplimientos:
- Los quioscos no fueron desmontados entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2025 y tampoco constaba previsión de desmontaje para el mismo periodo de 2026.
- Tres de las instalaciones fueron calificadas como no desmontables, otras dos como desmontables únicamente bajo determinadas condiciones y solo tres como aparentemente desmontables.
- Las ubicaciones de los dos quioscos de Els Arenals no respetarían la distancia mínima de 300 metros exigida por la normativa de costas.
- No se acredita que todos los baños vinculados a los quioscos se encuentren abiertos y sean de uso público y gratuito, como exige el título.
Además añaden que “la conclusión del informe administrativo es inequívoca: ante el incumplimiento de estas condiciones esenciales y en aplicación de la Ley de Costas y de su Reglamento, procede iniciar el procedimiento de caducidad de la concesión otorgada al Consell Insular de Formentera. Por tanto, ya no se está discutiendo si existen indicios suficientes para actuar. La propia Administración ha examinado los hechos y ha concluido que debe incoarse el procedimiento”.
Último requerimiento antes de acudir a los tribunales
Los denunciantes conceden al Govern hasta la primera semana de septiembre para que «acredite y notifique el acuerdo formal de incoación del procedimiento de caducidad o, si todavía no existe, lo dicte inmediatamente; identifique el órgano responsable, el instructor y la situación real del expediente; facilite el acceso completo a las actuaciones administrativas; resuelva expresamente las medidas provisionales de suspensión solicitadas e impulse el procedimiento y garantice que concluya con una resolución motivada dentro del plazo legal».
Por último concluye la nota que «si no se produce una actuación efectiva, se interpondrá recurso contencioso-administrativo para exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones de la Administración y se solicitarán las medidas cautelares necesarias para proteger el dominio público marítimo-terrestre y evitar que la demora administrativa prive de eficacia a la futura sentencia”.
