El Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, establecía la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados, y asignaba a las Illes Balears una capacidad de 406 menores. Sin embargo, la Jefatura de la Abogacía presentó anteriormente un recurso contra este real decreto en el que argumentaba que los criterios utilizados para determinar esta capacidad eran poco claros, se aplicaban arbitrariamente, vulnerando el principio de solidaridad interterritorial y la sostenibilidad del sistema de protección de menores balear.
En fecha 1 de septiembre de 2025, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, solicitó a la ministra de Juventud e Infancia que las Illes Balears pudieran acogerse a la figura de contingencia migratoria, para frenar el traslado de menores no acompañados procedentes de comunidades en situación de alta presión migratoria. En ese momento, el sistema atendía a 694 menores, cifra que actualmente ha aumentado hasta 745.
La presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia rechazó la solicitud alegando que no se superaba el umbral legal para declarar la contingencia. Por ello, el Govern considera procedente presentar el recurso contencioso administrativo, ya que las derivaciones forzadas podrían poner en riesgo tanto a los menores como a la sostenibilidad del sistema de protección de las Illes Balears.
Con esta decisión, el Consell de Govern defiende los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma y garantiza la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, respetando las competencias autonómicas y el marco legal vigente.
