El Govern reitera que las Islas Baleares se encuentran en una situación de sobresaturación del sistema de acogida con más de 700 menores tutelados, lo que supone una sobreocupación superior al 1.000%. Actualmente, dos de cada tres menores que se encuentran en el sistema de protección son migrantes, realidad que dificulta garantizar una atención adecuada y respetuosa con los derechos de todos los niños y adolescentes tutelados. Esta situación, reconocida incluso por el propio Estado en la reciente declaración de emergencia migratoria, hace inviable mantener nuevas derivaciones.
Deficiencias en el procedimiento iniciado
En las alegaciones presentadas, la Conselleria subraya que el procedimiento iniciado vulnera lo establecido en el Real Decreto 658/2025 al no haberse completado los trámites de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia; que carece de documentación esencial sobre la situación personal y familiar de los menores; que no se han garantizado los protocolos de protección y repatriación previstos en la normativa vigente; y que, además, resulta materialmente imposible asumir nuevos traslados dada la saturación del sistema balear de acogida.
Asimismo, la Conselleria recuerda que en los últimos meses ya se han interpuesto varios recursos jurídicos contra los decretos estatales que regulan la acogida de menores migrantes. Concretamente, se ha recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería para establecer medidas urgentes ante situaciones de contingencia migratoria; el Real decreto 658/2025, que fija el procedimiento de acogimiento y reparto de los menores no acompañados entre comunidades autónomas; y el Real decreto 743/2025, que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección en las Islas Baleares en 406 plazas, una cifra que el Gobierno considera del todo inasumible.
Por último señala que el Govern de las Islas Baleares mantiene su compromiso con la protección de la infancia y la defensa del interés superior de los menores, pero insiste en que la respuesta a la emergencia migratoria debe ser solidaria, equilibrada y respetuosa con la capacidad real de cada territorio, reclamando al Estado que ejerza plenamente sus competencias y ofrezca soluciones efectivas.
