Los trabajadores del Hospital estaban llamados esta mañana a las 11.00 horas a una movilización por el decreto del catalán en la Sanidad, organizada por el Sindicato Médico de Balears (Simebal) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
A la convocatoria sindical solo asistieron 17 trabajadores entre médicos, auxiliares de enfermería y celadores quienes sostenían un folio con una letra cada uno para conformar el lema de la movilización: «Mérito sí, requisito no».
Pasados escasos minutos los medios pudieron consultar con algunos de los participantes, entre ellos la delegada sindical del CIFS, María Teresa Carroquino. «Nos manifestamos porque estamos en contra de la aprobación del decreto del catalán en el ámbito sanitario, ya que supone un problema en el Hospital de Formentera donde cuesta cubrir plazas en medicina primaria», apuntó.
La delegada destacó además que el año que viene se abrirán oposiciones conjuntas en todas las Comunidades Autónomas por lo que muchos miembros del personal sanitario elegirán presentarse en aquellas comunidades que «no pongan un requisito más como es en este caso el catalán».
Los trabajadores sanitarios defienden además la utilización de su tiempo libre en la preparación y mejora de conocimientos propios de su profesión o para la realización de masters y no en el estudio de la lengua catalana.
Carroquino remarcó que «nadie está en contra del catalán, pero sí de que este sea un requisito y no un mérito y, con este decreto, se hace todo lo contrario ya que los profesionales lo toman como una imposición y eso va en contra de dicha lengua».
Oposición sindical
Sobre este asunto cabe recordar la oposición al decreto del conocimiento del catalán para el personal sanitario de Balears por parte del sindicato CSIF que, en un comunicado fechado el pasado 11 de febrero, destacaron que se trata de una «medida estrictamente política y carente de argumentación objetiva y demostrable en el ámbito sanitario».
El escrito añade que desde el CSIF se emprenderán «todas las acciones legales necesarias en pro de la defensa de los trabajadores», para evitar apuntan «discriminación y vulneración de derechos para acceder a un puesto de trabajo en la función pública, la promoción interna, la movilidad voluntaria y la carrera profesional».