Parece mentira que después de todas las campañas que se han realizado en materia de residuos, todavía haya ciudadanos que los depositen fuera de los lugares establecidos. Y a las fotos me remito, las que tomamos ayer por la tarde en la batería de contenedores en superficie que se encuentran en Porto Saler, uno de los puntos «negros» de la isla junto a otros muchos ubicados a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Tres colchones, ruedas de coche, ropa sucia, una estufa, maderas, restos de material de obra y tarros de pintura fueron depositados alrededor de los contenedores sin ningún tipo de pudor por, estimamos, residentes en la isla.
En el lugar se encontraba una de las celadoras de la Consellería de Medi ambient que estaba dando aviso a los servicios de recogida y que se disponía a continuar con su recorrido ya que tenía notificaciones de situaciones similares en otros enclaves.
Esto nos lleva a recordar dos cosas: la primera es la relacionada con un teléfono gratuito, que aparece destacado en los contenedores, el 900 102 656, al que podemos llamar para que el servicio habilitado por el Consell retire de nuestro domicilio, también de manera gratuita, los residuos voluminosos (muebles, colchones, electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc), si no disponemos de un vehículo para acercarlos a la deixallería ubicada en la zona industrial de sant Francesc.
La segunda cuestión se refiere a las sanciones que puede aplicar el Consell Insular, conforme a lo publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), número 123 del 27 de septiembre de 2016, en su artículo 34. En este sentido los montantes de las multas de carácter leve se sancionarán con cuantías que se sitúan entre los 150, 750 y 900 euros.
Dentro de las doce consideradas como graves figuran, entre otras, «el abandono de muebles, electrodomésticos u otros enseres de gran volumen en calles o caminos», y la sanción puede oscilar entre 750 y 1.500 euros. Asimismo se establecen multas importantes en el caso de eliminar elementos peligrosos o contaminantes para el medioambiente y que oscilan entre 45.000 y 1,7 millones de euros.
No vale la pena arriesgarse y saltarse a la torera las normativas, cuando se brindan todas las posibilidades para hacerlo bien.
