El Parlament Balear se plantea acudir al Constitucional para que se prohíban las prospecciones petrolíferas

La iniciativa parte de Gent per Formentera, PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem y Pi

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Foto de la Diputada per Formentera en roda de premsa al Parlament de les Illes Balears
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Silvia Tur ha hecho público que el Parlament de les Illes Balerars acudirá al Tribunal Constitucional ante el veto de la Mesa del Congreso, con el propósito de defender la tramitación de una proposición de ley para la prohibición y paralización de los proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.

La diputada autonómica de Gent per Formentera-PSOE explicó mediante un comunicado que el pasado mes de junio la Mesa del Congreso «vetó la tramitación de la Proposición de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de las Islas Baleares sobre la Protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños ocasionados por la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

Silvia Tur no está sola ya que la declaración está apoyada de forma conjunta por otras agrupaciones como Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem y El Pi que piden a PP y Ciudadanos que levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso y que impide la tramitación de la proposición legislativa.

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Según se describe en la nota, dicho veto se amparó en un informe desfavorable emitido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que, indicaron, «no fue firmado por ningún responsable técnico ni político, y que se fundamentó en premisas arbitrarias y en parte falsas».

En este sentido ponen por ejemplo, «que el Proyecto de Ley afectaría a los presupuestos del Estado del año en curso suponiendo una disminución de la partida de ingresos por tasas de las concesiones petroleras vigentes».

Finalmente, en caso de que la Mesa se reafirme en el veto, el conjunto de partidos pedirá al Parlament autonómico que presente un recurso al Tribunal Constitucional para recurrir la decisión «al tener en cuenta la voluntad mayoritaria de la sociedad isleña para decidir sobre su modelo territorial y económico», concluyó.

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