El conseller no adscrito y diputado por Formentera en el Parlament de les Illes Balears, Llorenç Córdoba, ha manifestado su “profunda preocupación” por el anuncio realizado por Autocares Paya S.L., empresa formenterense que presta el servicio de transporte
público en la isla, de que habrá cese del servicio si no se regulariza de manera inmediata la deuda acumulada por impago de las compensaciones vinculadas al sistema de billetes gratuitos para usuarios, deuda que se centra en los años 2025 y 2026.
Por ello, Córdoba ha registrado esta misma mañana por vía de urgencia una proposición, cuya admisión ha sido aprobada con el apoyo de GxF y PSOE y los votos en contra de Sa Unió, para que el Consell actúe antes de que el problema derive en una afectación real del servicio público regular de autobuses. La iniciativa insta al equipo de gobierno de Sa Unió a tramitar y abonar de manera urgente las cantidades pendientes vinculadas al servicio público regular de transporte de viajeros por carretera y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su continuidad.
Córdoba ha advertido que esta situación “no es un problema menor ni una simple discrepancia administrativa”, sino “un nuevo síntoma del descontrol y del desgobierno con el que Sa Unió está gestionando servicios esenciales de Formentera”. Según Córdoba, “cuando una empresa que presta un servicio público esencial llega al punto de advertir que tiene dificultades para pagar nóminas, combustible o proveedores, el problema ya no es sólo de la empresa: es un problema de gestión pública, de responsabilidad institucional y de previsión política”.
El conseller ha recordado que el transporte público regular es imprescindible para los residentes, trabajadores, estudiantes, personas mayores, personas con dificultades de movilidad y también para el funcionamiento ordinario de la isla durante la temporada turística. “Formentera no se puede permitir afrontar el verano con incertidumbre sobre un servicio básico como los autobuses”, ha afirmado.
La proposición presentada por Córdoba reclama que el Consell abone con urgencia las cantidades vencidas, reconocidas, justificadas o liquidables correspondientes a las compensaciones por bonificaciones y gratuidades del transporte público. También pide que se revisen, cuantifiquen, tramiten y regularicen todas las obligaciones económicas pendientes vinculadas a la prestación del servicio, incluidos los reequilibrios económicos y cualquier otro concepto reconocido o debidamente justificado en el expediente. Además, propone que el equipo de gobierno adopte, si es necesario, medidas transitorias
como pagos a cuenta, anticipos de compensación u otros mecanismos legales que permitan garantizar nóminas, combustible, mantenimiento de vehículos y otros costes imprescindibles para la prestación ordinaria del servicio.
