El Consell de Govern ha autorizado hoy a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que el Gobierno de España modifica el Reglamento de la Ley de extranjería e impulsa un proceso extraordinario de regularización masiva.
Además de la interposición del recurso, el Govern de las Illes Balears pedirá la suspensión cautelar del Real Decreto mientras se resuelve el procedimiento judicial, ante la posible afectación inmediata que esta medida puede tener sobre los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma.
El Govern balear considera que esta medida se ha aprobado sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una valoración de impacto presupuestario que permita hacer una previsión real de las consecuencias sociales, económicas y administrativas que tendrá sobre los territorios, especialmente por el incremento de la presión sobre los diferentes servicios públicos dado el efecto llamada que podría derivarse de este proceso.
Las diferentes conselleries alertan de que el Estado no ha aportado datos fiables ni una estimación clara sobre el número de personas que podrían verse afectadas por esta regularización; de ahí que cualquier previsión sea aproximada y orientativa.
Presión migratoria
Los informes elaborados por las diferentes áreas del Govern apuntan a que esta regularización podría tener una incidencia directa sobre los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como sobre los recursos destinados a la atención de menores, especialmente en una comunidad autónoma que ya soporta una elevada presión migratoria y una fuerte tensión demográfica.
El Govern recuerda que las Islas Baleares viven una situación de fuerte presión migratoria y que los servicios de atención a menores hace tiempo que se encuentran saturados.
Por este motivo, se considera que el Real Decreto 316/2026 supone una decisión unilateral que incrementa aún más la presión sobre una comunidad autónoma con recursos limitados, territorio fragmentado y servicios públicos tensados.
El ejecutivo autonómico también considera que esta regularización masiva va en dirección contraria a la tendencia actual de la mayoría de países europeos, los cuales refuerzan las políticas de control de fronteras, la ordenación de los flujos migratorios y la integración efectiva.
