El diputado autonómico por Formentera, Llorenç Córdoba, ha votado hoy a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adecuación del Registro Único estatal de viviendas de uso turístico al marco europeo y al respeto de las competencias autonómicas en materia de ordenación turística.
Córdoba ha destacado que esta cuestión tiene especial importancia para Formentera, donde la regulación de las viviendas de uso turístico, la seguridad jurídica de los propietarios y empresarios, el control de la oferta irregular y la protección de los visitantes son elementos directamente vinculados al funcionamiento real de la isla.
Según el diputado, Formentera necesita control, pero un control claro, útil y coordinado, no un sistema que genere mayor confusión administrativa. «Más burocracia no siempre quiere decir más orden. A veces sólo significa más trabajo para quien ya cumple y más margen para quien no cumple», ha señalado.
La iniciativa aprobada insta al Gobierno de España a revisar y modificar el Real Decreto 1312/2024, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar duplicidades en los procedimientos de registro de viviendas de uso turístico y garantizar su adecuación al Reglamento europeo. También reclama que se respeten las competencias autonómicas y que se reconozca la validez de los registros ya existentes en las Islas Baleares.
Córdoba ha remarcado que, en el caso de Formentera, esta coordinación es especialmente necesaria porque cualquier inseguridad normativa acaba afectando de forma directa a los propietarios, los pequeños empresarios, los gestores de alojamiento, las administraciones que deben controlar la actividad y también los visitantes que necesitan garantías claras.
«Lo que conviene a Formentera es un sistema que permita saber quién cumple y quién no cumple, que facilite el control real de la oferta turística y que no cargue con más trámites innecesarios a las personas y empresas que actúan dentro de la legalidad», ha afirmado.
El diputado defendió que evitar duplicidades no significa reducir el control, sino hacerlo más eficaz. En este sentido, ha insistido en que la lucha contra la oferta irregular y la defensa de la seguridad jurídica deben ir juntas: «No se trata de poner más papeles sobre la mesa, sino de tener herramientas útiles para que la administración pueda actuar mejor».
