El conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente, reclamó ayer al Gobierno de España que destine parte de los más de 12 millones de euros anuales que recauda en Baleares por ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre en actuaciones urgentes para mejorar el estado del litoral del archipiélago antes del inicio de la temporada.
La propuesta se planteó en el marco de la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, un encuentro de trabajo entre comunidades autónomas con costa para analizar los principales retos en la gestión del litoral y reforzar la coordinación institucional.
Lafuente recordó que el Estado ingresa cada año más de 12 millones de euros en las Islas Baleares a través del canon asociado a concesiones y ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, como chiringuitos de playa, embarcaderos u otros servicios vinculados al uso del litoral, sin que estos recursos se traduzcan en inversiones proporcionales en la mejora y conservación.
En este sentido, el conseller planteó que parte de estos ingresos se destine a un plan de actuaciones urgentes en colaboración con los ayuntamientos, con el objetivo de poner al día distintos puntos del litoral antes del inicio de la temporada turística.
Además de estas actuaciones inmediatas, Lafuente defendió la necesidad de acordar con el Estado un programa de inversiones a medio plazo que permita planificar y ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del litoral balear. El Govern propone intervenir en la mejora y mantenimiento de rampas y accesos al mar, la recuperación y regeneración de playas, la limpieza de fondos marinos, la retirada de fondeos ilegales y la consolidación de acantilados y tramos costeros especialmente vulnerables.
Temas abordados durante la cumbre
La II Cumbre Nacional del Litoral sirvió también para analizar distintas cuestiones relacionadas con la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la evolución de la normativa estatal en materia de costas.
Entre los temas tratados, las comunidades autónomas abordaron las alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas, al considerar que puede introducir cambios relevantes en la aplicación de la Ley de Costas sin tener suficientemente en cuenta la participación de las comunidades autónomas.
Asimismo, durante la jornada se puso de manifiesto la falta de coordinación en la política estatal de litoral, así como la necesidad de mejorar la planificación y las inversiones destinadas a la adaptación de las zonas costeras frente a los efectos del cambio climático.
En este contexto, los responsables autonómicos coincidieron también en la necesidad de actualizar la Ley de Costas, una normativa que consideran desfasada y no tiene plenamente en cuenta el traspaso de competencias en la gestión del litoral ni ofrece respuestas ágiles a las necesidades de inversión y actuación en las zonas costeras.
