El Govern de las Islas Baleares ha dirigido una carta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la que expresa su oposición a la propuesta de inscribir en los servicios públicos de empleo a personas extranjeras que todavía no disponen de autorización administrativa de residencia ni de trabajo.
Esta propuesta se fundamenta en un informe del SEPE de diciembre de 2025 que plantea permitir, de forma excepcional y condicionada, la inscripción como demandantes de servicios previos a la ocupación de determinados colectivos, entre ellos las personas extranjeras que han solicitado una autorización de residencia por arraigo socioformativo, pero que se encuentran todavía pendientes de resolución.
Según la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el informe del SEPE no ofrece cobertura jurídica suficiente para los supuestos que plantea, ya que implica la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas que carecen de autorización administrativa de residencia ni de trabajo. Además, el documento no contempla qué consecuencias tendría esta inscripción en caso de que la resolución de extranjería fuera desfavorable.
El ejecutivo balear considera que la regulación de la inscripción de estos colectivos en los servicios públicos de empleo debería realizarse mediante una norma jurídica estatal y no a través de informes o criterios interpretativos. En este sentido, advierte que se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de dar respuesta a una problemática derivada de una competencia estatal.
Valoración previa del impacto territorial
El Govern subraya que cualquier decisión en este ámbito debe ir precedida de una valoración previa del impacto territorial y de una dotación económica suficiente, teniendo en cuenta la situación actual de falta de financiación para atender a este colectivo en las Illes Balears.
La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer ha asegurado que «el Govern de las Islas Baleares defiende una política migratoria legal y ordenada, que no descargue sobre las comunidades autónomas el peso de la inmigración irregular, también en el ámbito de las políticas de empleo».
En este sentido, ha explicado que «hay que evitar sobrecargar los servicios de empleo y entorpecer el despliegue de la estrategia propia de inserción laboral del Plan de Empleo de las Islas Baleares, que está orientada principalmente a las personas desempleadas residentes en las Islas».
También ha remarcado que «el Govern mantiene la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para impulsar un despliegue normativo que de respuesta a esta problemática, siempre que disponga de una asignación adecuada de recursos y garantice la seguridad jurídica del sistema».
En definitiva, reclama «una política migratoria adaptada a nuestra realidad territorial, que evite el efecto llamada», así como «la corresponsabilidad del Estado frente al actual problema de presión migratoria».
No a la regularización masiva
En relación a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno por real decreto, la consellera Cabrer ha asegurado que «esta forma de abordar la inmigración es absolutamente irresponsable».
«En lugar de reforzar la gestión de Extranjería para agilizar sus procesos, se da por asumida su falta de gestión y se abren los servicios públicos de las comunidades autónomas sin orden, sin control y sin ofrecer recursos», ha afirmado la consellera Cabrer, quien ha advertido de que esta medida puede generar un nuevo efecto llamada hacia territorios como las Islas Baleares.
