El pleno extraordinario llevado a cabo esta mañana en el Consell de Formentera se ha saldado con la aprobación inicial de los presupuestos 2026 por mayoría simple con los votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió, la abstención de GxF y PSOE y el voto en contra del conseller no adscrito Llorenç Córdoba.
Según ha detallado el conseller de Economía, Javier Serra, las cuentas del Consell para 2026 han salido adelante como consecuencia de una negociación “rigurosa y basada en el diálogo” con GxF y PSOE, partidos a los que agradeció su predisposición.
Serra ha puesto de relieve, la aprobación de estos presupuestos es clave para «garantizar la continuidad y el refuerzo de las ayudas y subvenciones destinadas a clubes deportivos, asociaciones culturales, entidades sociales, patronales, estudiantes, deportistas y personas en situación de vulnerabilidad», consolidando así una red de apoyo imprescindible para el tejido social y económico de la isla.
Los presupuestos de 2026 ascienden a 49,2 millones de euros, el mayor de la historia del Consell Insular, con un incremento del 8,4 % respecto al ejercicio anterior y manteniendo el endeudamiento cero.
En la misma sesión plenaria se ha aprobado, por unanimidad, la propuesta sobre la revocación parcial de las delegaciones de atribuciones efectuadas por el Pleno a favor de la Junta de Gobierno.
Con respecto a este punto el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado que esta iniciativa «no es una decisión unilateral, sino el resultado de un acuerdo político con los grupos de la oposición en el marco del diálogo que ha hecho posible la aprobación de los Presupuestos Generales de 2026».
Según Portas, se trata de “un ajuste responsable y pactado” que refuerza el Pleno como espacio central de debate y decisión política sin comprometer la agilidad ni la capacidad ejecutiva del Consell.
El presidente ha recordado que la delegación de competencias en la Junta de Gobierno, aprobada en julio de 2023, fue «acertada» en su momento para garantizar eficacia y seguridad jurídica en el contexto de entrada en vigor de la Ley 4/2022 de consells insulars y ante la ausencia de un Reglamento orgánico adaptado al nuevo marco legal.
Portas ha remarcado que todas las competencias clave para la gestión operativa se mantienen íntegramente en la Junta de Gobierno, incluyendo la gestión del gasto, la contratación, los proyectos de obra y servicios, los compromisos plurianuales y la potestad sancionadora.
