El Consell de Govern de las Islas Baleares ha autorizado hoy a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas a las comunidades extranjeras no acompañadas a las comunidades autónomas.
El Real decreto 743/2025 asigna a la comunidad autónoma de las Illes Balears una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados en aplicación de los porcentajes previstos en el artículo 35 ter del Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia. El Govern considera que esta regulación se ha adoptado sin una justificación clara de los criterios empleados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
Esta decisión se ha adoptado después de analizar los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que alertan de la presión que soporta el sistema de protección de menores en las Islas Baleares, especialmente en lo que se refiere a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. La Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras examinar estos informes, concluyó que la norma es perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.
Este recurso se suma a dos recursos previos presentados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y que ya se han admitido a trámite. Se trata del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por afectar a las competencias y la autonomía financiera de la comunidad; y del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El Govern de las Islas Baleares considera que el Real Decreto 743/2025 -contra el que autoriza a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer el recurso- afecta gravemente a la autonomía financiera y competencial de la comunidad, compromete la gestión adecuada de los recursos y pone en riesgo la eficacia del sistema de protección de menores.
