Gent per Formentera ha remitido un comunicado en que se señala que el Tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha hecho pública la sentencia 281/2025, que
absuelve completamente a Jaume Ferrer Ribas, Isidor Torres Mayans, Sonia Cardona Ferrer y Silvia Tur Ribas, de cuyos delitos de prevaricación y falsedad a documento público habían sido acusados.
Según señalan desde GxF, la resolución judicial es contundente a la hora de valorar la inexistencia de pruebas que justifiquen las acusaciones ya que el Tribunal afirma que «en el presente procedimiento no se ha practicado actividad probatoria mínima que permita construir el reproche penal que se pretendía por ambas acusaciones».
Con respecto al delito de prevaricación, la sentencia concluye en que «ninguna de dichas
pruebas personales ofrece información a la Sala que permita dar miedo probado a ninguno de los elementos normativos que configuran el delito de prevaricación administrativa por lo que se formula acusación».
Y sobre el delito de falsedad documental, añade el tribunal que «en cuanto al delito de falsedad imputado únicamente por la Acusación Particular al acusado Isidor Torres, vale decir a todo lo anterior, esto es, el vacío probatorio, que en el curso del juicio oral ni siquiera se ha identificado qué documento público podría dar lugar a dicho delito».
Instrumentalización del derecho penal
Desde GxF añaden que además de decretar la absolución, la sentencia desaprueba la instrumentalización del derecho penal por parte de la acusación, que fuerza la figura de prevaricación administrativa para sostener acusaciones sin base probatoria suficiente.
El tribunal advierte del «peligro de que el empleo indiscriminado de ésta figura pudiera proyectar sobre el derecho a la presunción de inocencia en cuanto pueda ser utilizada para eludir la prueba del conocimiento en el que se basa la aplicación de la figura del
dolo eventual, o, para invertir la carga de la prueba».
El partido insularista sostiene que para entender cómo un procedimiento de naturaleza administrativa llegó a instancias penales tan altas como la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, hay que tener en cuenta quien ha mantenido la acusación a lo largo del proceso.
En este sentido destacan que la representación legal de la parte acusadora ha sido ejercida por el despacho De las Heras, fundado por Patricia de las Heras, actual diputada en el Congreso por el partido Vox, «con el soporte explícito o tácito de sectores de la derecha local».
En el comunicado se manifiesta también que GxF «siempre ha confiado en la honradez e inocencia de los compañeros y compañeras. Ninguno de los juicios a los que se han enfrentado los cargos electos y de gestión nombrados por GxF en sus años de gobierno han terminado con sentencia condenatoria. Sin embargo, los denunciantes han querido utilizar
la Justicia para atemorizar, condicionar y desgastar las decisiones políticas legítimas tomadas en ejercicio del gobierno democrático».
