La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha informado hoy de la aprobación por parte de la Junta de Govern en su totalidad las sanciones impuestas por el Servicio de Residuos del Govern de las Islas Baleares por infracciones graves en la gestión de residuos en el antiguo vertedero de Es Cap.
El expediente sancionador hace referencia a la gestión irregular de residuos de construcción y demolición (RCDs) sobre un vertedero ya clausurado y sin autorización, así como el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y control ambiental post-clausura.
Por la primera infracción, el Govern balear impone una sanción de 300.000 euros y por la
segunda, por verter una vez clausurado el vertedero, otra de 200.000 euros.
El Consell ha decidido no presentar alegaciones ni recurrir la sanción después de haberlo
valorado con los servicios técnicos y jurídicos de la administración, porque son hechos constatados y asumiendo la responsabilidad institucional sobre una acumulación descontrolada de escombros estimada en más de 240.000 m3. Esto supondrá poder reducir ambas sanciones hasta los 300.000 euros.
«Con este acuerdo hacemos un ejercicio de responsabilidad. Asumimos las consecuencias de una gestión deficitaria heredada de anteriores gobiernos desde hace demasiados años pasados y activamos todas las herramientas para revertir esta situación y tener el tratamiento que corresponde a este tipo de residuo en nuestra isla”, ha declarado la consellera Castelló.
Asimismo ha señalado en declaraciones a los medios que, además de la aprobación
del pago de las sanciones, el Consell trabaja para corregir esta situación enquistada, la que requiere de una tramitación administrativa que se está tratando de reducir al
máximo los plazos.
Entre las medidas adoptadas, y tras el cierre de la montaña de residuos, se ha
habilitado un nuevo espacio para el depósito temporal de RCDs y se está trabajando conjuntamente con el Govern. Para corto plazo, y una vez que se superen los meses de temporada estival, se prevé tener una instalación no permanente que pueda asumir los vertidos de RCDs de forma controlada y bajo vigilancia. Esta instalación deberá ser licitada y actualmente los servicios técnicos y jurídicos de ambas administraciones trabajan en la redacción de los pliegos de esta infraestructura.
La consellera ha apuntado que esta situación debe servir para empezar a hacer las “cosas
bien” y “consolidar un nuevo modelo de gestión de residuos” respetando el territorio. Paralelamente a esta solución a corto plazo, se trabaja en otra a medio plazo como es el
proyecto de la nueva planta de tratamiento de residuos de obra.
