El Parlament exige al Gobierno presencia permanente de Guardia Civil del Mar en todas las islas y el diputado por Formentera reclama también una base de Salvamento Marítimo

Llorenç Córdoba denuncia el abandono institucional de la isla y la exclusión del nuevo Plan Nacional de Salvamento Marítimo, a pesar del aumento del tráfico náutico y la presión migratoria

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Llorenç Córdoba / imagen de archivo
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El Parlament de les Illes Balears ha debatido este martes una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de España a implantar de
manera permanente efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en todas
las islas del archipiélago balear, así como a actualizar el plus de insularidad para
fidelizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las islas.

Durante el debate, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha mostrado su
firme apoyo a la iniciativa, y ha aprovechado su intervención para reclamar de nuevo
una base fija de Salvamento Marítimo en Formentera, una demanda histórica de la
isla que sigue sin respuesta por parte del Gobierno central.

“Formentera no tiene base de Guardia Civil del Mar, ni de Salvamento Marítimo,
ni juzgado de instrucción, ni oficina de empleo digna, ni DGT, y los pocos
funcionarios que trabajan en la isla lo hacen en condiciones precarias”, ha afirmado
Córdoba, reclamando igualdad de trato respecto a otros territorios insulares como
Canarias, Ceuta o Melilla.

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El diputado ha recordado que el Consell de Formentera ya aprobó el año pasado una
propuesta institucional conjunta del presidente Llorenç Córdoba y del grupo Gent
per Formentera para solicitar al Gobierno central una base propia tanto de Guardia
Civil como de Salvamento Marítimo. La iniciativa respondía al aumento sostenido
del tráfico marítimo, la concentración de embarcaciones recreativas y comerciales, y la
consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, que convierte a
Formentera en punto de entrada principal de la inmigración irregular en el
archipiélago.

Una gran inversión… sin un solo euro para Formentera

El diputado ha denunciado que, pese a las reiteradas peticiones institucionales y
sociales, el Gobierno ha vuelto a excluir a Formentera del recién aprobado Plan
Nacional de Salvamento Marítimo 2025-2027, que prevé una inversión de 163
millones de euros para los próximos tres años.

Entre las partidas destacan:
 30 millones de euros para un nuevo centro de coordinación en Palma
 Nuevas embarcaciones para Ibiza
 Adquisición de helicópteros y drones de rescate.

“Mientras en Mallorca se invierten millones, a Formentera no llega ni una
embarcación, ni una base, ni una promesa cumplida”, ha señalado Córdoba. “Una
vez más, nos quedamos fuera. Y esto no es una cuestión de logística: es una
negligencia de Estado.”

Una respuesta formal, sin hechos

El parlamentario ha recordado que la única respuesta formal del Gobierno se
produjo en enero de 2021, cuando el Ministerio del Interior informó que estaba
evaluando la posibilidad de establecer un destacamento permanente en el puerto de
Ibiza que también daría servicio a Formentera. Tres años después, ese despliegue sigue sin materializarse y aunque recientemente se ha incorporado en Ibiza la embarcación Salvamar Naos, desde el Consell de Formentera ya se ha advertido que no es suficiente para garantizar una cobertura eficaz en las aguas de la isla, especialmente en verano.
“Lo que necesitamos es una base fija en Formentera. Hablamos de vidas humanas,
no de trámites administrativos.”, ha recalcado Córdoba.

Formentera exige una respuesta y un trato justo

Formentera lleva años reclamando refuerzos marítimos mediante iniciativas en
plenos aprobadas por unanimidad y miles de firmas ciudadanas, sin recibir una
inversión directa del Estado. El diputado ha exigido que el Gobierno explique por qué
excluye sistemáticamente a la isla en sus planes estratégicos y ha instado a rectificar
de inmediato.

“No tener base marítima en Formentera es poner vidas en peligro. No hablamos de una isla caprichosa, hablamos de una isla que quiere estar protegida como el resto del país.
Y sí, también hablamos de justicia social, de derechos humanos y de igualdad
territorial», ha apuntado Córdoba.

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