El senador de Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, se ha reunido esta semana con Daniel Moya, representante del Sindicato de Inquilinas en Eivissa, para estudiar las medidas en las que se puede seguir trabajando para aportar soluciones a la grave crisis residencial que sufren nuestras islas.
Una de las principales propuestas planteada por el Sindicato es la restricción de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que además suelen adquirirla para segundas residencias. En Baleares, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasa el 40% de operaciones inmobiliarias fueron con extranjeros. El senador coincidió en que «sería importante que la población residente tenga prioridad a la hora de adquirir una vivienda».
El planteamiento que se impulsaría sería el de exigir un tiempo mínimo de residencia para poder comprar una casa o un piso. En este momento la legislación europea no permite esta posibilidad, por lo que sería necesario realizar cambios en el marco legal. Ferrer se comprometió a trabajar desde el Senado para que el Gobierno del Estado impulse esta modificación de la normativa europea, con excepciones para las islas motivadas por la emergencia de la vivienda.
Fondos de Inversión
El Sindicato de Inquilinas mostró también su preocupación por la compra de inmuebles -normalmente edificios enteros- por parte de los fondos de inversión, que acaban expulsando a los residentes habituales y los alquilan a precios altos también habitualmente a extranjeros. Este fenómeno se está multiplicando debido al atractivo que tienen las islas por los llamados ‘digital nomads’ (nómadas digitales que trabajan ‘online’ y vienen a residir en Ibiza).
La entidad señaló además las «trampas» que hacen algunos propietarios con los contratos de temporada, utilizando esta figura de forma irregular para alquileres de todo el año, lo que les permite subir precios de forma indiscriminada y echar inquilinos antes de 5 años. El Sindicato explicó que han actuado con denuncias ante varios casos en Eivissa y la Justicia les ha dado la razón.
Por otra parte, se habló también de la necesidad de aplicar topes a los precios del alquiler, tal y como prevé la Ley de Vivienda estatal, medidas que ni el Gobierno del PP ni los ayuntamientos gobernados por la derecha quieren aplicar en Eivissa y Formentera, a pesar de ser una de las zonas más tensadas del Estado en lo que a precios se refiere.
Por último, el Sindicato de Inquilinas pidió medidas contra la organización Desokupa, que es bastante activa en Ibiza y coacciona a las personas para que abandonen los inmuebles.
