El conjunto de antiguos adjudicatarios de Kioskos de Formentera ha remitido un escrito en el que se hacen eco de informaciones sobre «presuntos tratos de favor y de modificaciones de los criterios de valoración que estaban en el pliego administrativo una vez ya entregada la documentación relacionada con el concurso».
Dichas modificaciones, señalan, «habrían producido cambios en las puntuaciones que beneficiaron a unas empresas y perjudicaron a otras. El Secretario del Consell preguntado sobre este hecho dice que eso es cosa de los técnicos pero el como máximo garante de la legalidad del proceso no puede inhibirse».
Ante esta situación, el colectivo empresarial pide que se realice un informe «sobre si se han producido estos cambios denunciados en la prensa y si así ha sido, que repercusiones legales puede tener para el pueblo de Formentera».
En segundo término que «se conteste a las alegaciones y escritos que hemos presentado desde hace ya más de dos años». En este sentido añaden que es «curioso e injusto que la Mesa de Contratación en el Acta 16 contestara el escrito del grupo de empresas de nuevos licitadores y nosotros sigamos esperando».
Asimismo solicitan que se les dé acceso a los informes y expedientes «a los que se nos ha negado acceso sistemáticamente desde hace más de dos años a pesar de existir un informe de la entonces letrada de litoral recomendando su entrega para no causar indefensión jurídica».
Los antiguos concesionarios apuntan además no entender «que políticos apoyen la adjudicación sin contestar alegaciones y ante las evidencias publicadas en la prensa» y destacan que en el acta 15 de la Mesa de Contratación «se hacen como propios informes contestando alegaciones de hamacas de forma extemporánea, 2 años después de su adjudicación. ¿Es esto lo que se piensa hacer con nuestras alegaciones?».
Por último, manifiestan entender que, por los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad ante la ley, «nuestras alegaciones y escritos deben contestarse antes de la adjudicación y el secretario del Consell debe aclarar todas las dudas sobre la modificación de criterios y a quien ha perjudicado o beneficiado».
De lo contrario, consideran que «se nos está obligando a ir a una guerra judicial que no deseamos y se está poniendo en peligro el patrimonio del Consell por las repercusiones que una anulación del pliego en vía judicial pueda tener».
