La sesión plenaria del Consell de Formentera celebrada esta mañana con carácter extraordinario y urgente se ha saldado con la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos y del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para adaptarlos al incremento de costes provocado por la nueva contrata de basura y los servicios inherentes al mismo.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno de Sa Unió y los votos contrarios de ambos grupos de la oposición, GxF y PSOE.
El conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz, ha asegurado que «se trata de una decisión complicada y no de buen gusto», ya que implica un incremento lineal del 30% en la tasa de recogida de basura. Esto supondría que una vivienda considerada como primera residencia pasaría a pagar de 110,85 a 144,10 euros anuales y las viviendas ocupadas por pensionistas de 17,5 a 22,75 euros anuales. Además, se ha aprobado de forma inicial un aumento del IBI del 0,75 al 0,88 en suelo urbano y del 0,70 al 0,83 en rústico.
“Si no se aplica este aumento el déficit del servicio de recogida de basura superaría el 30% el próximo año, ya que se preveía un coste de 4.943.699,10 euros y unos ingresos de 3.786.546,41 euros ”, ha explicado Alcaraz, que ha insistido en que es necesario llevar a cabo esta modificación de las tasas “para evitar que el Consell colapse”.
Asimismo, ha explicado que el máximo de incremento que se puede imputar a la tasa de basura es del 30 por ciento, y los costes que no se pueden imputar a esta tasa se aplican al Impuesto de Bienes Inmuebles obligados por la jurisprudencia que existe al respecto y que considera que los gastos en limpieza viaria, limpieza de playas y mantenimiento y limpieza de zonas verdes y caminos no se pueden imputar a la tasa de basura. El conseller de Promoción Económica ha hecho hincapié en que se mantienen las bonificaciones previstas en cada una de las tasas.
Con respecto a la urgencia a la hora de plantear esta modificación, José Manuel Alcaraz le ha justificado en que en la anterior legislatura no se había dejado nada previsto en este sentido, pese a que el anterior equipo de gobierno ya sabía que aumentaba el coste de la contrata y, por tanto, habría que incrementar el coste de la tasa y debía estar listo para poder aplicarse a partir del 1 de enero de 2024.
Además del aumento del coste de la nueva contrata adjudicada por el anterior equipo de gobierno, cabe sumar a los costes imputables al servicio la puesta en funcionamiento en Ca Na Putxa de las nuevas instalaciones de tratamiento de residuos. También ha entrado en vigor el Impuesto sobre el vertedero y el nuevo impuesto sobre los gastos de efecto invernadero generados en los vertederos, impuesto por la Orden Ministerial TED/789/2023, de 7 de julio.
Alcaraz ha matizado, asimismo, que no se ha tenido en cuenta por el momento la reclamación de más de un millón de euros de la empresa adjudicataria PREZERO, por la demora de la adjudicación de la contrata en 4 años por parte del anterior equipo de gobierno.
El conseller ha emplazado a los grupos de la oposición a mantener las reuniones que sean oportunas para poder redistribuir este incremento de tasas de cara al año que viene.
