El Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto ley para la circularidad y la sostenibilidad en el turismo que “impulsará la modernización y la transformación del sector y exigirá a las empresas medidas líderes en sostenibilidad medioambiental y derechos laborales”.
La norma incluye una congelación de nuevas plazas turísticas para los próximos cuatro años para mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes.
Así, durante este tiempo no se podrán comprar nuevas plazas de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera. Durante estos cuatro años, los consejos insulares podrán determinar, mediante sus planes territoriales insulares, si se recuperan estas plazas o se dejan extinguir.
Esta nueva normativa prevé, por tanto, un decrecimiento de plazas, algo que la presidenta Francina Armengol, ha definido durante la presentación del Decreto ley como un camino «hacia el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, social y económica» .
Esta moratoria afecta a las plazas hoteleras y las de alquiler turístico, que en el caso de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera ahora mismo suman un total de 18.718, de las cuales 8.486 corresponden a Mallorca, 7.000 a Eivissa y 3.232 a Formentera.
La presidenta ha explicado que este decreto ley, que no sólo se convalidará en el Parlament, sino que también se tramitará como proyecto de ley y estará abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, tiene como objetivo que las Islas Baleares «continúen en la vanguardia en turismo», siendo «el primer destino turístico circular del mundo» y un destino «referente a cómo se cuidan los trabajadores y trabajadoras, que son quienes nos hace ser líderes en turismo».
Sesenta millones de euros de inversión
La nueva normativa autonómica de turismo comportará una inversión pública de 70 millones de euros en ayudas al sector y supondrá un avance hacia la circularidad, con el objetivo de convertir al turismo en un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio ambiente, en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental.
Calificada como una regulación líder en el Estado, está dividida en cuatro ejes y recoge toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible, así como una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, y uno uso más eficiente de los recursos. Gira alrededor de cuatro pilares:
Sostenibilidad social y económica
Circularidad y sostenibilidad medioambiental
Sostenibilidad territorial
Modernización y simplificación administrativa
Con respecto a la sostenibilidad social y económica, la norma establece como punto de partida la calidad del empleo y la calidad de vida de las personas, con medidas que hacen que el turismo sea también socialmente sostenible.
En este sentido, se aumentará la protección en las camareras de pisos, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. Desde el año 2023, los establecimientos de las Islas Baleares tendrán que instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y del que se beneficiarán más de 20.000 camareras de pisos. Los establecimientos dispondrán de seis años para adaptarse a la normativa.
Al mismo tiempo, el Decreto ley apuesta por una economía circular en el sector, por lo que se exigirá a todas las empresas que dispongan de un plan de circularidad. Las empresas cada año tendrán que llevar a cabo una evaluación de la gestión de los recursos y residuos generados y, a partir de esta evaluación, tendrán que elaborar una planificación cada cinco años en la que tendrán que estipular los objetivos de reducción y las inversiones , prácticas y protocolos necesarios para cumplirlos.
En esta línea, la circularidad incluirá aspectos como la alimentación, el uso y cuidado del agua, los residuos o las energías limpias. Entre las directrices que establecerá en torno a estas cuestiones, en el ámbito de la alimentación se prohibirá la utilización de especies clasificadas en categorías amenazadas y se establecerá como obligatoria la trazabilidad del pescado y del marisco de origen balear.
En cuanto a la energía, se obligará a los establecimientos turísticos a cambiar las calderas de fuel por otras de gas natural o eléctricas, con lo que se emitirán anualmente 57.600 kilos de CO2 menos por establecimiento.
En el ámbito de la sostenibilidad territorial, el tercer eje de la normativa mantendrá la apuesta por el medio ambiente y la protección del territorio seguirá siendo firme. Además de bloquear el crecimiento turístico mediante la congelación de plazas, el texto legal liga la realización de reformas en los establecimientos turísticos a nuevas limitaciones y exige como condición previa una reducción de plazas turísticas del 5% por parte del establecimiento. Los expedientes de reforma se autorizarán mediante declaración responsable.
La norma recoge también, entre otros puntos, que todos los hostales, pensiones, campings y viviendas turísticas deben mantener unas condiciones óptimas de higiene y limpieza, así como mantener en perfecto funcionamiento y actualizados los mecanismos e instalaciones que posean. Como contrapartida, dejarán de estar sujetas a la obligación de superar los planes de modernización.
Por último, además de las modificaciones relativas a la sostenibilidad social o económica, medioambiental y territorial, la nueva Ley presenta una serie de mejoras en el ámbito de la simplificación y la modernización administrativa.
Infracciones y sanciones
El nuevo texto legal establece un régimen sancionador en caso de incumplimientos o infracciones administrativas. Así, el incumplimiento en el plazo máximo establecido para la instalación de camas elevables será sancionado con 500 euros por cada cama no instalada.
El hecho de no disponer de toda la documentación acreditativa de la elaboración del plan de circularidad será sancionado con una multa de 100.000 euros, mientras que el hecho de no indicar de forma diferenciada en la carta, el menú o similar, los productos tanto de marisco como de pescado que tengan origen balear será sancionado con un requerimiento o multa de hasta 1.000 euros.
El resto de infracciones, como por ejemplo incumplir la obligación de eliminar las instalaciones térmicas, no disponer de doble pulsador en los inodoros o hacer uso de especies clasificadas como amenazadas para el consumo alimentario, serán sancionadas con multas de entre 4.000 y 40.000 euros.
