El Consell de Govern, reunido este viernes en Formentera aprobó el proyecto de ley «para la sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera» que será debatido por el Parlament balear para su aprobación y posterior aplicación durante el próximo ejercicio 2019.
Dicho proyecto incorpora 39 de las alegaciones presentadas a la propuesta inicial, por lo que el texto contempla que los residentes en Eivissa que trabajen en la isla podrán acceder con su vehículo, así como los residentes en Formentera que vivan fuera y tengan que venir a la isla por motivos familiares.
Por otra parte el texto incluye que las compañías navieras «tienen la obligación de informar a los clientes sobre la necesidad de contar con autorización para entrar con un vehículo en la isla», aunque «no están obligadas a impedir el acceso al barco, el desembarco o la compra de billetes en el caso de pasajeros con vehículo que no tengan autorización para circular por Formentera».
Sobre este punto se añade que «la responsabilidad de no circular con autorización recae sobre el titular del vehículo y no en las compañías», una cláusula que se ha incorporado «para garantizar la seguridad jurídica y evitar problemas competenciales».
Régimen sancionador
La nueva ley incorpora un incremento en las sanciones económicas que pueden llegar a los 1.000 euros en caso de infracciones leves, a los 10.000 euros previstos para aquellas consideradas como graves.
En ambos casos dichas penalizaciones tendrán un descuento del 20 por ciento «si el infractor reconoce la culpa» y por pago inmediato.
Otras medidas
El proyecto de ley faculta al Consell Insular a limitar la entrada de vehículos y la circulación por «criterios medioambientales» durante los meses que considere oportunos.
Asimismo la máxima institución insular podrá establecer un «techo» de vehículos en circulación y un «sistema de reserva» para autorizar la entrada a la isla en períodos de limitación.
Por otra parte los vehículos autorizados deberán portar un distintivo obligatorio y con respecto a las unidades de alquiler se establecerá un número máximo anual «dentro del techo total de vehículos de motor en espacios determinados por valores naturales o patrimoniales para evitar daños».
El proyecto de ley incluye también la obligación de instalar puntos de carga para los vehículos eléctricos en los aparcamientos públicos, la promoción de unidades de transporte público y privado no contaminantes, así como la elaboración de proyectos que promuevan la «sostenibilidad medioambiental».
