La Agrupación Socialista de Formentera presentará al pleno ordinario del Consell que se celebrará mañana la creación de una tarjeta joven para que los menores de 18 años no paguen por utilizar el transporte público.
Sobre este asunto la consellera socialista Anna Juan afirmó que ante la inminente caducidad del contrato con la concesionaria de transporte público, y la redacción del anteproyecto de ley que regulará la entrada de vehículos en Formentera, «es el momento de incluir esta medida en la redacción del nuevo acuerdo e incorporar nuevas disposiciones para conseguir un servicio sostenible y mejorar la PM820 para dotarla de un carril bici seguro y en condiciones».
Para la representante socialista en el Consell, el transporte público es «insuficiente y no está adecuado a las necesidades reales de Formentera y el hecho de implantar esta medida, supondría menos vehículos circulando en la carretera y un paso adelante para educar a los jóvenes en la importancia de utilizar una movilidad pública».
Derogación ley Montoro
Por su parte el portavoz de la agrupación en la oposición, Rafa Ramírez, defenderá la derogación de la ley Montoro «para poder reconstruir el Estado del Bienestar, mediante la prestación de servicios sociales, la política de vivienda, la construcción de guarderías y centros escolares».
En este sentido los socialistas denuncian que dicha normativa es «un instrumento ideológico de centralización y control competencial de las administraciones locales y autonómicas, que prevé la privatización de determinados servicios de titularidad pública».
Asimismo Ramírez asegura que el Real Decreto Ley que prepara el Gobierno Central para poder gastar el superávit de 2017, «es insuficiente para que los servicios públicos sigan teniendo una tasa de reposición de personal cero e impide que se mejore la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos «.
El conseller socialista va más allá y asegura que «las entidades locales baleares tienen el derecho de disponer de los 500 millones de euros del superávit, porque los servicios están saturados, la atención que recibe el ciudadano se retrasa y no se pueden realizar inversiones productivas para la población».
Para Ramírez la gestión de estos recursos «mejoraría la educación de cero a tres años, la cantera de la policía local y la tramitación burocrática del Consell», entre otras prestaciones.
