El diputado por Formentera en el Parlament de les Illes Balears, Llorenç Córdoba, ha defendido hoy la necesidad de que la planificación judicial en las Illes Balears tenga en cuenta la población real que soportan las islas y no solo la población fija o empadronada.
Córdoba ha hecho esta reflexión durante la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Carlos Gómez, ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, para informar sobre la Memoria Judicial del TSJIB correspondiente al año 2025.
El diputado ha recordado que la propia Memoria Judicial señala un déficit de 39 plazas judiciales en las Illes Balears, una cifra que representa casi un tercio de la plantilla actual. Según Córdoba, este dato “ya es suficientemente grave por sí mismo”, pero lo es todavía más si se tiene en cuenta que muchos cálculos de necesidades de personal se realizan sobre la población fija, sin incorporar suficientemente la presión real de la población flotante. “Si con la población fija ya tenemos un déficit de 39 jueces, debemos preguntarnos cuál sería el déficit real si la Justicia se planificara teniendo en cuenta la presión efectiva que soportan las Illes Balears, especialmente Eivissa y Formentera”, ha afirmado Córdoba.
Formentera
El diputado ha remarcado que esta situación afecta especialmente a Formentera, una isla que no dispone de juzgado propio y que depende judicialmente de Eivissa para la mayor parte de los asuntos. “Formentera padece una doble realidad: por un lado, la presión turística y la población flotante; por otro, la dependencia judicial de Eivissa. Cualquier carencia en los órganos judiciales de Eivissa también acaba afectando directamente a los ciudadanos de Formentera”, ha señalado.
En este sentido, Córdoba ha defendido que la solución no pasa necesariamente, en este momento, por reclamar un juzgado propio en Formentera, sino por reforzar los servicios de proximidad, el Juzgado de Paz, la coordinación con Eivissa, los medios telemáticos, la atención a víctimas y la cobertura de los equipos técnicos.
“Yo soy el primero que defiende una mejor atención judicial para Formentera, más cercana y adaptada a nuestra realidad. Pero vista la situación actual, lo más útil es garantizar que el servicio llegue mejor y más rápido a la ciudadanía”, ha explicado.
Córdoba también ha expresado su apoyo a la demanda de completar y poner plenamente en funcionamiento el edificio judicial de Eivissa, ya que considera que no es una cuestión exclusivamente local de Eivissa, sino una necesidad para el conjunto de las Pitiusas. “Cuando los juzgados de Eivissa no disponen de todos los espacios y medios necesarios, Formentera también lo sufre”, ha advertido.
El diputado por Formentera ha querido comenzar su intervención con un reconocimiento explícito a todas las personas que trabajan al servicio de la Justicia en las Illes Balears: jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios, equipos técnicos, personal de apoyo y el resto de profesionales que hacen posible el funcionamiento del sistema judicial.
Córdoba ha subrayado que las carencias de la Justicia “no son responsabilidad de los profesionales, sino de una falta de medios y de una planificación insuficientemente adaptada a la realidad insular”. En este punto, ha defendido una visión más humana de la Justicia y ha destacado que “una Justicia sin mirada humana puede aplicar normas, pero difícilmente da paz social”.
La comparecencia también ha servido para poner sobre la mesa la importancia de diferentes ámbitos judiciales que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Córdoba ha hecho referencia al orden social, especialmente importante en una isla como Formentera, con una economía muy marcada por la temporada turística; al ámbito penal, por su relación directa con la seguridad ciudadana, las víctimas, los investigados y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y al contencioso-administrativo, que puede paralizar decisiones públicas, expedientes urbanísticos, contratos, autorizaciones, infraestructuras, actividades económicas y actuaciones privadas.
“Seguridad, Justicia e Instituciones Penitenciarias forman parte de una misma cadena de servicio público. Si una parte falla por falta de personal, medios o infraestructuras, todo el sistema sufre”, ha afirmado Córdoba.
Complementos de insularidad
El diputado también ha dado importancia a la aplicación real de complementos de insularidad adecuados para los empleados de los juzgados y para el resto del personal público destinado en las Illes Balears. Según Córdoba, esta medida es imprescindible para cubrir plazas, retener profesionales y evitar una rotación constante de personal, especialmente en Eivissa y Formentera, donde el problema de la vivienda y el coste de vida son especialmente graves.
“El Estado debe asumir que la insularidad tiene un coste real y que ese coste no puede recaer siempre sobre los profesionales ni sobre los ciudadanos. No se puede exigir el mismo servicio público en territorios con un coste de vida muy superior sin compensar adecuadamente a las personas que trabajan en ellos”, ha manifestado.
Asimismo, Córdoba ha criticado que la Administración General del Estado continúe sin dar una respuesta suficiente a esta situación, pese a las reivindicaciones de los funcionarios estatales destinados en Baleares y los compromisos anunciados sobre la equiparación del plus de insularidad con Canarias.
Derecho civil propio
Finalmente, el diputado ha defendido también la importancia del derecho civil propio de las Illes Balears, con las realidades históricas de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera. Córdoba ha recordado que es “un firme defensor” del derecho civil propio y ha destacado la influencia y la ayuda del jurista Custodio Navarro en esta materia.
“Nuestro derecho civil no es una curiosidad jurídica ni una pieza folclórica. Forma parte de nuestra identidad, de nuestro autogobierno y de la manera en que las Illes Balears han ordenado históricamente aspectos importantes de la vida civil”, ha señalado.
Córdoba ha concluido que Formentera debe estar presente en cualquier planificación judicial futura de las Illes Balears. “La Justicia necesita más medios, más personal, mejores infraestructuras, complementos de insularidad justos y una planificación adaptada a la realidad insular. Y en esa realidad, Formentera también debe estar presente”, ha finalizado el diputado formenterés.
