La Conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural pone en marcha otra convocatoria de la campaña «Bones de Producte Local» para contribuir a paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio sobre el sector primario de las Islas Baleares. La iniciativa, dotada con un millón de euros, se enmarca en el Decreto ley 1/2026, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico internacional provocado por el conflicto, y tiene como objetivo reforzar el consumo interno de producto local y dar soporte directo a los productores de las Islas Baleares.
El conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han presentado hoy esta nueva convocatoria, que se abre coincidiendo con la publicación en el BOIB de las bases para que los productores y operadores interesados puedan adherirse a la campaña.
Simonet ha destacado que esta campaña «es una medida concreta dentro de la respuesta extraordinaria del Govern ante los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio». En este sentido, ha remarcado que «el sector primario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción y, por eso, activamos instrumentos que tengan un impacto directo: ayudan a los productores, incentivan el consumo de proximidad y refuerzan la economía real de nuestras islas».
Mejoras
La nueva campaña introduce mejoras respecto a la primera edición. En concreto, el importe máximo por beneficiario pasa de 60 a 100 euros, distribuidos en 10 bonos de 10 euros, que podrán utilizarse aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los operadores adheridos. Además, los bonos tendrán carácter nominativo, con el fin de garantizar una gestión más ordenada, transparente y equilibrada de la convocatoria.
«En un momento de incertidumbre internacional, queremos que cada euro público tenga un impacto real sobre el sector», ha señalado Simonet. «Esta campaña no sólo incentiva el consumo, sino que refuerza la relación directa entre productores y consumidores y ayuda a mantener viva la actividad agraria, ganadera, pesquera y agroalimentaria de las Islas Baleares».
Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que la campaña se dirige a personas físicas mayores de 18 años residentes en las Islas Baleares y que los bonos se podrán canjear en establecimientos y puntos de venta adheridos. Se podrán adherir explotaciones agrarias, puntos de venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agrarias y agroalimentarias, industrias alimentarias, asociaciones o agrupaciones de productores y otros establecimientos donde se produzca, elabore y comercialice producto local.
El director general también ha recordado que la campaña sólo incluye productos que cumplen la definición legal de producto local; es decir, productos agrícolas cultivados en las Islas Baleares; productos ganaderos producidos en el archipiélago; productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura; alimentos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o indicación geográfica; productos transformados elaborados en las Islas Baleares con ingrediente primario local, así como otros productos vinculados al sector primario y al territorio.
La tramitación debe realizarse mediante la web www.bonsproductelocal.com desde la que los operadores pueden formalizar la adhesión a la campaña. Posteriormente, los consumidores podrán activar los bonos y consultar a los establecimientos participantes. Según el calendario previsto, el plazo de adhesión de los productores se abre hoy y permanecerá durante siete días hábiles. La activación de los bonos por parte de los consumidores está prevista a partir del 4 de junio, y el período de canje empezará el 8 de junio y se alargará hasta el 7 de agosto de 2026 o hasta que se agoten los bonos.
La campaña cuenta con 909.250 euros efectivos para bonos, equivalentes a 90.925 bonos de 10 euros. Además, la convocatoria prevé criterios de corrección territorial para favorecer una distribución equilibrada entre islas, con un incremento del 30 por ciento para Formentera y del 20 por ciento para Ibiza y Menorca.
