El Govern de las Islas Baleares presentó ayer el primer paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio, en una reunión con agentes sociales, sectores económicos, Consells insulars y ayuntamientos.
Sobre este asunto la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció la movilización de más de 160 millones de euros con el objetivo de proteger el tejido empresarial, preservar los puestos de trabajo y evitar que el incremento de costes acabe repercutiendo directamente en la cesta de la compra y, por tanto, en las familias de las Islas Baleares.
Cinco ámbitos de actuación
El paquete se articula en cinco grandes bloques que combinan soporte financiero, ayudas directas y medidas estructurales.
En primer lugar, el Govern activa un importante mecanismo de soporte a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA. Estas líneas incluyen una aportación pública destinada a financiar el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes.
En segundo lugar, el paquete incluye 36,75 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los más afectados sectores económicos. De esa cantidad, 13,5 millones de euros se destinan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes en gasóleo agrario y pesquero, alimentación del ganado, fertilizantes y otros insumos, así como para fomentar inversiones y el consumo de producto local.
Otros 9,75 millones de euros se dirigen al sector del transporte, con ayudas específicas para el transporte de mercancías, el transporte discrecional y el sector del taxi, así como una línea para el desguace de vehículos, una demanda del sector.
Por último, 13,5 millones de euros se destinan a los sectores industrial, de la construcción y el comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas, apoyo a empresas exportadoras y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación.
En tercer lugar, el Govern incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas que permitan reducir la carga administrativa y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con mayor personal público, con el objetivo de acortar los plazos de resolución.
El cuarto bloque se refiere a las medidas fiscales, con un impacto estimado de 4 millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aligerar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.
Por otra parte, se establece una bonificación del 50 por ciento de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100 por ciento para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.
Por último, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de adaptarlos a la actual escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.
Todas estas medidas tendrán en cuenta la realidad de la doble insularidad de Menorca e Ibiza, y la triple insularidad de Formentera.
La presidenta Prohens remarcó que éste es un primer paquete de medidas, con importes ampliables en función de la evolución del conflicto. En paralelo, se está trabajando ya en nuevas actuaciones de carácter social dirigidas a los colectivos más vulnerables. Además, los Consells insulars anunciaron que impulsarán medidas complementarias en su ámbito competencial.
Reclamación de compensaciones en el Estado
La presidenta avanzó también que el Govern de las Islas Baleares reclamará al Gobierno de España compensaciones económicas adicionales para las Islas Baleares, o la financiación de parte del paquete de medidas, con el objetivo de tener en cuenta la realidad insular.
«Creemos que es una reclamación que suscita consenso, ya que todos los sectores económicos de Baleares coinciden en que las medidas estatales son insuficientes para nuestra comunidad autónoma, obviando la realidad insular», afirmó la presidenta.
El paquete se aprobará mediante decreto ley en un Consell de Govern extraordinario el próximo miércoles 1 de abril, con la voluntad de incorporar hasta entonces aportaciones de los actores implicados.
«Es imprescindible tener la capacidad de responder de manera coordinada y efectiva, desde el diálogo y el consenso, y poniendo los recursos necesarios para evitar que esta guerra que deseamos que acabe ya no afecte a las empresas y familias de las Islas Baleares. Y así lo hemos hecho desde el Gobierno de las Islas Baleares», concluyó la presidenta Prohens.
