El Govern de las Islas Baleares rechaza frontalmente la regularización “masiva e indiscriminada” anunciada por el Gobierno de España mediante real decreto y advierte que esta decisión, adoptada sin planificación ni coordinación con las comunidades autónomas, agravará aún más la presión migratoria y el colapso de los servicios públicos en el archipiélago.
Sobre este asunto cabe destacar que el Gobierno central alcanzó un acuerdo con Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de extranjeros mediante una reforma urgente del Reglamento de Extranjería. Así, las personas migrantes que puedan demostrar al menos cinco meses de estancia continuada en el país podrán regularizar su situación, siempre que su residencia se haya iniciado antes del 31 de diciembre de 2025.
En este sentido, desde el ejecutivo autonómico señalan que Baleares vive “la peor crisis migratoria de su historia”, con más de 20.000 llegadas de inmigrantes en situación irregular en los últimos cinco años. Se trata de “una cifra sin precedentes para un territorio insular”, con recursos limitados y servicios ya saturados. En este contexto, el Govern considera que impulsar una regularización masiva envía un mensaje equivocado y genera un claro efecto llamada.
Asimismo destacan que la propuesta estatal plantea rebajar los requisitos hasta el punto de permitir que, en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, sea suficiente una declaración responsable del solicitante y, en este sentido, el Govern considera que esta fórmula “elimina garantías básicas, debilita la seguridad jurídica y demuestra la falta de rigor con la que se ha planteado la medida”.
Unidades de Extranjería colapsadas
Desde el Govern apuntan además que las unidades de Extranjería ya se encuentran “colapsadas”, lo que impide tramitar con agilidad los expedientes de personas que desean regularizar su situación por las vías legales, con contrato de trabajo y voluntad de integración, “mientras que quien ha entrado de forma irregular se ve beneficiado por decisiones extraordinarias y sin filtros claros”.
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha señalado que “mientras en Baleares gestionamos la emergencia sobre el terreno, el Gobierno de España debería asumir sus competencias y aportar soluciones reales, no políticas improvisadas que sólo aumentan la sensación de inseguridad. Somos un territorio limitado y con los servicios saturados, y dar papeles no garantiza la integración, porque la integración no se decreta, se construye con oportunidades reales. Sin embargo, una regularización masiva sólo generará más precariedad y más tensión social. Con esta medida, parece que llegar a Baleares de forma ilegal tiene premio».
Por todo ello, el Govern exige al Estado responsabilidad, planificación y respeto institucional, así como un serio plan migratorio, coordinado con las comunidades autónomas, que refuerce las vías legales, combata las mafias y tenga en cuenta la capacidad real de los territorios.
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