El senador de Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, instó ayer a todas las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo amplio para impulsar medidas que limiten la compra de viviendas por parte de no residentes en las Islas Baleares, una dinámica que, según alertó, está agravando la presión inmobiliaria y expulsando a miles de ciudadanos de su propio territorio. «Es el momento de dejar de lado diferencias partidistas y trabajar juntos para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros trabajadores. Necesitamos medidas firmes para frenar la compra masiva por parte de no residentes y proteger el futuro de nuestras islas», dijo.
El senador recordó que hace unos meses presentó una propuesta para priorizar el acceso a la vivienda de la población de territorios insulares como Canarias y Pitiusas, regulando la adquisición de inmuebles para proteger a los residentes, especialmente frente al peso creciente del capital extranjero en el mercado.
Ferrer, que ayer participó en una moción presentada por Vox que planteaba medidas fiscales para beneficiar a la población residente en la compra de inmuebles, recordó que los de la extrema derecha le acusaron de «xenófobo» cuando reclamó proteger a los residentes. «Pero nos alegra que hoy se reconozca que existe un problema real derivado de la compra masiva de vivienda por parte de personas con alto poder adquisitivo, procedentes sobre todo de países europeos y latinoamericanos», dijo. Así, el senador celebró que la derecha asuma el problema, a la vez que les recordó que esta semana reivindicamos el 25N, el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. «Estaría bien que también asumieran que la violencia de género existe y mata a muchas mujeres cada año», añadió.
Volviendo al tema de la vivienda, el senador subrayó que el 30% de las compras inmobiliarias en Baleares ya están en manos de compradores extranjeros, muchos de ellos vinculados a inversiones destinadas al alquiler turístico o a residencias de vacaciones. Como ejemplo, citó el caso de Santa Eulària, en Ibiza, «donde el precio medio de la vivienda alcanza los 2,1 millones de euros. «¿Quién puede permitirse esto?», advirtió.
Aunque reconoció que algunas de las medidas incluidas en la moción debatida «van en la línea de lo que defendemos desde hace tiempo», insistió en que hay que avanzar más y con mayor determinación. Por eso, reclamó que España solicite a la Unión Europea la creación de un marco legislativo específico que permita a territorios insulares muy tensionados, como Baleares, aplicar «limitaciones temporales pero contundentes a la compra de vivienda por parte de no residentes». Recordó que iniciativas similares ya existen en regiones de Italia y Dinamarca, y que en el 2022 el Parlament balear ya instó al Gobierno a trabajar en esa dirección.
El senador también señaló que el propio Ejecutivo balear planteó una residencia mínima de cinco años para poder adquirir vivienda, una medida que requería excepciones dentro del marco comunitario y que motivó la creación de un grupo de trabajo. «Hoy he leído que la Generalitat de Catalunya estudia fórmulas similares. Esto demuestra que no hablamos de una reivindicación aislada, sino una necesidad real en territorios altamente tensionados», añadió.
El senador denunció que esta situación genera consecuencias graves: aumento de la infravivienda, pérdida de población joven, y dificultades para captar a profesionales en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia o la administración pública. «Y no es por culpa de la inmigración que algunos se empeñan en criminalizar -afirmó-, sino principalmente por la llegada masiva de capital extranjero especulativo».
