La Federació de Serveis Públics d’UGT Illes Balears ha presentado un recurso de reposición contra la oferta publicada por el Consell Insular de Formentera relativa a la plaza de tècnic/a de Patrimoni, al haberse convocado como grupo A2 y con carácter laboral, cuando tanto el Pressupost 2025 como el Catàleg de llocs de treball establecen de forma expresa que se trata de una plaza de grupo A1 y de naturaleza funcionarial.
Consecuencias negativas de esta irregularidad
UGT advierte de que esta clasificación errónea tiene dos efectos muy graves:
– Perjuicio para la ciudadanía: al rebajar la categoría de la plaza, se degrada la calidad del
servicio público que reciben los ciudadanos, principales usuarios de la administración.
– Perjuicio para los trabajadores: convocar la plaza como A2 supone una reducción salarial
respecto a lo previsto en los presupuestos y un empeoramiento de las condiciones laborales
de quienes opten a ella. Esto no solo vulnera los derechos de los futuros trabajadores, sino que también sienta un precedente peligroso de degradación de los puestos de trabajo.
«Desde UGT Serveis Públics Illes Balears manifestamos con rotundidad que no vamos a permitir que se produzcan estos hechos de empeoramiento, ni para la ciudadanía ni para los trabajadores. Exigimos que la plaza se cubra tal y como corresponde, es decir, como A1 y de naturaleza funcionarial. Consideramos inadmisible que se juegue con los derechos de los ciudadanos y de los empleados públicos, vulnerando principios básicos de legalidad y seguridad jurídica», manifiestan desde el sindicato.
Fundamentos legales
El Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP, RDLeg 5/2015) establece en su artículo 76 que los cuerpos y escalas se clasifican en los grupos A1 y A2 en función del nivel de responsabilidad y titulación requerida, correspondiendo a las plazas estructurales de carácter técnico superior la clasificación en A1.
Asimismo, el EBEP y la normativa autonómica de función pública reiteran que las plazas estructurales deben tener naturaleza funcionarial, garantizando los principios de mérito, capacidad y legalidad.
Desde UGT reiteran su «compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía», y solicitan la rectificación inmediata de la oferta publicada para que se ajuste a lo previsto en los presupuestos y en el catálogo de puestos de trabajo.
