El diputado autonómico independiente por Formentera, Llorenç Córdoba Marí, ha expresado su rechazo firme y argumentado en la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, aprobada hoy con los votos del Partido Popular y VOX en el Parlament balear.
Durante su intervención en la sesión plenaria, Córdoba ha lamentado que esta decisión «no
mejorará la vida de nadie ni ayudará a las familias que todavía buscan a sus muertos», y ha denunciado que «esta votación no responde a una voluntad de verdad o de justicia, sino a un pacto político entre partidos».
«No es la memoria quien nos divide -es su uso partidista», ha afirmado el diputado, que ha criticado que se utilice la historia como una herramienta de confrontación política.
Córdoba ha recordado que la Ley de Memoria Democrática se aprobó en 2018 con el apoyo
unánime de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, que entonces contribuyó a construir una norma basada en el reconocimiento, reparación y consenso.
«Esa ley no nació para dividir, sino para reparar. Fue un triunfo de la democracia sobre la
desmemoria. Hoy, siete años después, algunos quieren borrar esa página y convertir la memoria en un estorbo dentro de los pactos de despacho.»
El diputado ha recordado que la entonces portavoz del grupo popular -actual presidenta del Govern- destacó positivamente el consenso alcanzado y reconoció que la ley debía honrar a todas las víctimas, tanto las del franquismo como las represaliadas por el bando republicano.
Córdoba ha advertido que la derogación aprobada contradice la Constitución Española, vulnerando artículos 1, 9.2, 10, 14, 15 y 18, que consagran los valores fundamentales de la libertad, la igualdad y la dignidad humana, así como la protección de las víctimas.
También ha señalado que la medida incumple la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática, la Ley balear de Patrimonio Histórico y la Resolución 60/147 de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de las víctimas en la verdad, la justicia y la reparación.
«Derogar esa ley no es un gesto político, es una vulneración de derecho. Una renuncia al compromiso internacional y constitucional de ese país con sus propias víctimas. Y, si me lo permiten, es también una derrota moral. Porque cuando un gobierno decide olvidar, deja de ejercer poder por empezar a ejercer indiferencia».
El diputado ha recordado que esta posición ya quedó recogida en la Resolución de Presidencia 2024/3236, redactada por los servicios jurídicos y técnicos del Consell Insular de Formentera y firmada por él mismo como presidente, con el que se instó formalmente al Parlament a no derogar la ley.
