El Consell Insular de Formentera ha decretado el cese de la actividad de un establecimiento ubicado en el Parc Natural hasta la corrección de las deficiencias detectadas en materia de seguridad así como el precinto de la instalación musical.
Las medidas provisionales han sido decretadas después de una inspección realizada conjuntamente entre los servicios técnicos del Consell Insular de Formentera, Policía Local y agentes de Medio Ambiente del Govern balear.
En el momento de la actuación, los inspectores constataron que el establecimiento, que tiene licencia de restaurante, actúa como discoteca de forma reiterada y supera el aforo permitido, legalmente establecido en 50 personas.
Asimismo, se comprueba que se cobra una entrada con consumición y que se desarrolla una actividad musical, la de discoteca, que está expresamente prohibida en el Parc Natural de ses Salines y para la que el establecimiento no tiene ninguna licencia ni autorización.
En la inspección, se constataron graves deficiencias en las salidas de emergencia y, de hecho, estaban bloqueadas o no operativas.
Por otra parte, y dada su licencia de restaurante, se precintó toda la instalación musical, incluidos los altavoces de la terraza.
Por último, también se ha instado a retirar el mobiliario existente y a cesar el uso privativo de los espacios no incluidos. En este punto se insta a la propiedad a retirar sombrillas y sillones ubicados en zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) sin la autorización pertinente.
La propiedad del establecimiento tiene 24 horas para paralizar la actividad, que podrá reanudar una vez se haya producido la corrección de las deficiencias constatadas. Sin embargo, paralelamente, se incoará expediente sancionador.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha subrayado que «la normativa es clara y la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son líneas rojas que no permiten interpretaciones. Actuaremos con contundencia siempre que sea necesario».
El Consell recuerda que el estricto cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental y de seguridad es condición indispensable para el desarrollo de actividades económicas en la isla, y hace un llamamiento a la responsabilidad del sector.
