El ex presidente del Consell de Formentera y actual conseller y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, ha remitido una extensa nota a los medios locales cuyo contenido completo reproducimos a continuación:
Desde que el nuevo equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera asumió sus funciones hace menos de un mes, hemos sido testigos de irregularidades graves y demostrables que atentan contra la legalidad, los principios de transparencia y el interés general de la isla de Formentera. Una manera poco recomendable de empezar una legislatura.
El más reciente y escandaloso ejemplo es el incumplimiento flagrante de los pliegos de condiciones y contratos firmados relativos a los quioscos de playa. Según lo estipulado, los licitadores tienen la obligación legal de desmontar las instalaciones entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Sin embargo, a pesar de los informes y las advertencias de los técnicos y juristas del propio Consell, del Govern Balear y de la normativa vigente de Costas, los quioscos permanecen montados, con la autorización tácita e ilegal del nuevo equipo de gobierno. ¿Qué puede salir mal?
Esta orden de no desmontar, liderada por la nueva vicepresidenta y consellera del área, Verónica Castelló, demuestra un desprecio absoluto por las leyes, contratos e informes técnicos que regulan esta actividad. Ha ordenado directamente a los ochos licitadores que no cumplan con su obligación de desmontar, limitándose a indicar que cierren las instalaciones, lo que constituye un acto de ilegalidad claro y manifiesto, al mismo tiempo que de irresponsabilidad institucional y una burla al Estado de Derecho. Una orden de la consellera que va en contra del informe técnico jurídico de los técnicos de medioambiente. ¿No era ella la que acusaba a Córdoba de no hacer caso y despreciar las decisiones de los técnicos?
Me pregunto, ¿a quién beneficia esta orden de la consellera?, ¿Por qué se está trasladando al Consell la responsabilidad cuando correspondía legalmente a los licitadores?
El incumplimiento de estas obligaciones legales, junto con la inobservancia de lo informado y firmado, no solo supone un perjuicio para la imagen y credibilidad del Consell Insular de Formentera, sino que además expone a la administración a posibles sanciones económicas que, en última instancia, recaen sobre las arcas del Consell y, por tanto, sobre los ciudadanos de Formentera a través de un necesario aumento de impuestos.
Durante mi mandato como presidente del Consell Insular, se trabajó con firmeza para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los intereses generales de la isla. Sin embargo, en menos de un mes, el nuevo «equipo de gobierno» —integrado por consellers del PP, Gent per Formentera, Compromís y PSOE— ha demostrado con hechos consumados su intención de priorizar intereses particulares sobre los de la isla y su gente.
Estos mismos 16 consellers multicolor que impulsaron una moción de censura contra mi y que votaron en contra de los informes jurídicos que desaconsejaban adjudicar los quioscos en las condiciones actuales, son ahora responsables directos de este acto ilegal.
Es inaceptable que Formentera se convierta en una especie de cine, con varias películas emitiéndose al mismo tiempo en diferentes salas, donde los guiones parecen escritos para cumplir los intereses de unos pocos y donde el resto de la ciudadanía solo somos espectadores. Estos pocos siempre son los mismos «actores». Todos ellos pertenecientes a un reducido grupo de personas y familias que se benefician una y otra vez de ciertas decisiones políticas en cuestiones relacionadas con las concesiones de playas, temas urbanísticos, el puerto de la Savina y ahora los quioscos. Lo dicho, cuatro películas diferentes, pero con los mismos actores y con finales ya previstos.
La ciudadanía merece saber que sus recursos y su territorio no están siendo gestionados con el rigor y la transparencia que se prometió y que corresponde a una correcta acción política.
Exijo al nuevo equipo de gobierno que rectifique inmediatamente esta decisión y que haga cumplir la ley tal y como se establece en los contratos y normativas vigentes. Asimismo, hago un llamamiento a los formenterenses para que se mantengan vigilantes ante estos abusos y no permitan que se sigan perjudicando los intereses de nuestra isla en beneficio de unos pocos, los de siempre.
Formentera merece un Consell Insular y unos políticos que velen por el interés general, que actúen con honestidad y que respeten las leyes que nos garantizan una convivencia justa y equitativa. Como ex presidente y actual conseller en la oposición, seguiré denunciando públicamente cualquier irregularidad que afecte al futuro de nuestra isla y su gente.
