La Conselleria balear de Empresa, Empleo y Energía, mediante la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha presentado hoy las alegaciones al borrador de Anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión.
En este contexto, la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha subrayado el compromiso del Govern con las personas trabajadoras, con un empleo de calidad, así como el fomento de medidas como el Proyecto de ley de conciliación y por la corresponsabilidad en las Illes Balears con el fin de preservar el buen clima laboral, la seguridad de las personas trabajadoras y el bienestar del trabajo.
El Govern considera que las medidas de fuerte impacto social y económico se deben tomar desde el diálogo social y previniendo las necesidades tanto de las personas trabajadoras como de las empresas y los autónomos. Cabrer ha explicado: «Este govern no está de acuerdo con el Anteproyecto de ley. Pedimos al gobierno estatal que rectifique y que vuelva esta medida al diálogo social. La jornada de trabajo, tal y como dice el Estatuto de los Trabajadores, está reservada a la negociación colectiva».
Además, ha añadido: «Su imposición creará tensión que amenazará la paz social, que es la condición sine qua non para que un territorio pueda desarrollar un proyecto, afrontar los problemas que tiene y pueda trabajar para desarrollar las tareas previstas».
Cabrer ha incidido en que las Illes Balears han cerrado los datos de empleo con una media de 570.000 afiliados a la Seguridad Social, siendo comunidad líder en creación de empleo, y con una cifra mensual de parados que no llega a los 29.000 y «esto es gracias al esfuerzo del tejido empresarial, los autónomos y los trabajadores».
«Actualmente —ha explicado la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social— los convenios colectivos sectoriales de empresas privadas, al 100 %, están pactando jornadas de 40 horas semanales, lo que quiere decir que las patronales y los sindicatos en nuestro territorio no están pactando jornadas tan reducidas. Y esto se tiene que escuchar. El proyecto de la ministra Yolanda Díaz no ha reflexionado sobre las particularidades de cada territorio y eso nos preocupa».
Otra de las alegaciones es que la ley no tiene en cuenta las características de cada comunidad autónoma: «En las Balears tenemos un sistema económico basado en los servicios, que es un referente a escala nacional y mundial, y falta de personal. Lo que no podemos consentir es que se tome una medida sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio y de cada sector: debe nacer del diálogo y del acuerdo».
