Los consellers Javier Serra (Sa Unió), Alejandra Ferrer (GxF) y Rafael Ramírez (PSIB-PSOE) han presentado una propuesta conjunta al pleno del próximo jueves “en defensa del prestigio y buen nombre de los miembros de la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consell Insular de Formentera” y sobre el inicio de las acciones jurídicas que procedan contra el presidente Córdoba, incluso en el orden penal.
En la extensa lista de antecedentes citados en la proposición destacan las consideraciones de la Comisión del código ético a la negativa del presidente Córdoba Marí de dar cuenta al Pleno del Consell Insular del informe emitido por dicha comisión a propósito de la crisis institucional que sufre el Consell Insular, así como las consideraciones sobre las declaraciones “injuriosas y ofensivas” del señor Córdoba sobre el trabajo de la comisión y sobre algunos de los miembros que la componen.
Asimismo se recuerda que el presidente Córdoba emplea a un funcionario público «para defender sus intereses particulares», por lo que la Comisión presenta la correspondiente denuncia ante la Fiscalía y la Policía Nacional “a propósito de la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos”.
También se apunta la instancia de la Comisión del pasado 8 de octubre en la que se pide a Llorenç Córdoba que, “de manera urgente y sin más demoras, permita que se dé cuenta a todos los miembros del Pleno del Consell Insular de Formentera del contenido del informe elaborado por esta Comisión”, algo que todavía no ha sucedido.
Por estas y otras cuestiones expuestas los grupos políticos Sa Unió, GxF, y PSIB-PSOE proponen al Pleno que adopte la proposición de acuerdo que en su punto primero pide “ejercer las acciones jurídicas que procedan contra el sr. Llorenç Córdoba Marí, incluso en el orden penal, por los motivos descritos en el acuerdo de la Comisión de Ética y Buen Gobierno de 30 de octubre de 2024, y en defensa del prestigio y buen nombre de sus miembros de la citada comisión del Consell Insular de Formentera”.
En segundo término solicitan “proveer de los recursos que sean necesarios para contratar servicios jurídicos externos, para llevar a cabo las acciones citadas en el punto primero del presente acuerdo”.
