Condenado el Consell de Formentera por los «abusivos y desproporcionados» servicios mínimos en la huelga de residuos de Semana Santa

La jueza estima íntegramente la demanda presentada por UGT Servicios

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Huelga servicio limpieza 2024
Basura acumulada con motivo de la huelga del servicio de limpieza el pasado mes de marzo
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El sindicato UGT ha remitido una nota de prensa en la que señalan que en el día de ayer se hizo pública la sentencia en que tanto la jueza como el Ministerio Fiscal concuerdan con
la demanda de UGT Servicios Públicos, estimando el recurso interpuesto por los servicios
jurídicos de UGT y condenando al Consell Insular de Formentera al pago de costas en relación a los considerados como abusivos y desproporcionados servicios mínimos durante la huelga que tuvo lugar la pasada Semana Santa.

Desde UGT Servicios Públicos celebran el pronunciamiento judicial, que señalan «demuestra que hubo una vulneración del derecho a huelga por parte del Consell de Formentera a sabiendas de sus entonces responsables políticos, que insistieron judicialmente en su postura hasta el último momento, llegando a citar a miembros del comité de huelga como testigos en el juicio, por lo que UGT solicita al Consell de Formentera que traslade las costas del proceso a los responsables políticos que encabezaron la aberración de servicios mínimos decretados».

Desde el sindicato apuntan además que «la ciudadanía de Formentera no se merece que se use el dinero público para costear juicios derivados de decisiones y posturas políticas enquistadas en la prepotencia y soberbia que infravaloran a los sindicatos como la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores».

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UGT considera cerrada esta convulsa etapa de conflictividad laboral en el sector de residuos
para la isla de Formentera, «confirmando y demostrando que el diálogo es la mejor herramienta para evitar conflictos laborales y defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores de un sector al que le queda mucho por mejorar sus condiciones laborales».

Asimismo UGT espera que «los responsables políticos no vuelvan a actuar con patente de corso para saltarse derechos de la ciudadanía y de los trabajadores y las trabajadoras, y que no se repitan situaciones como esta» y emplaza a «asumir responsabilidades políticas a los responsables por tomar decisiones que suponen una condena y coste para la ciudadanía».

 

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