La asociación de chiringuitos de Formentera ha remitido un comunicado en el que manifiestan que han solicitado al Consell el desistimiento del procedimiento para la adjudicación del contrato de explotación de los kioskos de playa “por infracciones no subsanables de las reglas del procedimiento de adjudicación”, y recuerdan que se trata “de una previsión de la Ley para salvaguardar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, que debe garantizar el Consell Insular en su actuación, así como el estricto respecto al procedimiento de licitación establecido”.
El texto añade que “el largo tiempo transcurrido obliga al desistimiento parcial de la licitación debido no sólo a los cambios sufridos en los títulos concesionales otorgados por Costas para la instalación de los quioscos que son objeto del contrato, los cambios se refieren tanto a la duración de la explotación, como a las características de la instalación para permitir su desmontaje cada temporada e incluso en algún caso con un cambio sustancial de la ubicación, sino también de la necesidad de que los proyectos se hayan redactado de forma que puedan obtener las correspondientes licencias de actividad”.
A lo expuesto anteriormente suman “la obligación de subrogar a los trabajadores, hecho reconocido por todas las partes implicadas, incluido los partidos que gobernaban en el momento de la licitación y que no se tuvo en cuenta en la redacción de los pliegos, cuando se incluyeron criterios que valoraban y puntuaban los equipos de personal que cada licitador aportaba como criterio de adjudicación, ni tampoco en la valoración de las ofertas económicas, cuya viabilidad se ve totalmente cuestionada, dándose un caso donde a modo de ejemplo la oferta valorada por la mesa en primer lugar presentaban 5 trabajadores cuando el antiguo licitador tiene15 trabajadores fijos discontinuos y siendo en todos los casos muy inferior al real”.
Los asociados consideran que están ante una supuesta falta de correlación entre la oferta técnica y la económica, que no puede resolverse en fase de ejecución del contrato y determina la obligación del desistimiento del procedimiento y la imposibilidad de adjudicar los contratos. Por estas razones consideran necesario que la Mesa de Contratación “compruebe estas cuestiones y las contraste con la información facilitada por los licitadores como medio de asegurar que las ofertas se ajustan a las bases de la licitación, por cuanto ello permite controlar la coherencia de las ofertas de los licitadores, de manera que la propuesta económicamente más ventajosa debe ser además viable y debe satisfacer la necesidad que da origen al contrato, y no puede resolverse en fase de ejecución del mismo”.
Desde el colectivo reiteran la necesidad de que el órgano de contratación, la Junta de Gobierno, “conteste las alegaciones presentadas para dotar de seguridad jurídica la actuación del Consell, recordando que la obligación de resolverse extiende a todos los aspectos puestos de manifiesto en el expediente de contratación, incluyendo la resolución de las alegaciones sobre los errores o infracciones del procedimiento planteados”.
Asimismo advierten que, “en caso se adjudique con informes jurídicos negativos y dado que sólo se debería proceder a ello con seguridad jurídica conforme dice la ley, tomaremos cuantas medidas legales necesarias consideremos oportunas para defender nuestros derechos”.
Perplejidad
La asociación de chiringuitos de Formentera apunta en el comunicado que ven “con sorpresa como GxF hace dos años nos daba el apoyo en la manifestación mediante nota de prensa y presencia en la misma y ahora se muestra partidarios de la adjudicación cuando hay informes jurídicos que lo desaconsejan”.
También destacan perplejidad “ante el cambio de opinión de Sa Unió, que se comprometió a revisar y contestar nuestras alegaciones, algo que seguimos esperando; y cuando el vicepresidente José Manuel Alcaraz pide un informe a la prestigiosa consultora pública FEUIB y la conclusión es que nos puede adjudicar, oculta dicho informe hasta que sale en la prensa”.
Por último manifiestan que han sabido por lo publicado en medios que el firmante del informe es el prestigioso catedrático titular de derecho administrativo de la UIB, el Sr. Feliu Bauzá. “Nos sorprende que ahora Sa Unió no tenga en cuenta dicho informe cuando ellos mismos presentaron en el pleno del Consell un informe de este mismo catedrático para solicitar la prórroga en mayo de 2022”.
